Buenos Aires.- Marsans presentó un pedido de arbitraje con el Estado argentino por el caso de Aerolíneas Argentinas ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), confirmaron hoy a Efe fuentes del grupo español.
El Parlamento de Argentina convirtió en ley un proyecto que habilita al Estado a expropiar Aerolíneas Argentinas y sus subsidiarias al grupo español Marsans.
La petición de arbitraje ante el tribunal que depende del Banco Mundial fue presentada la semana pasada y, si no hay un acuerdo de las partes, Marsans presentará ante esa misma instancia una demanda contra el Estado argentino que podría ascender a unos mil millones de dólares.
La presentación de esta solicitud se confirmó pocas horas después de que el Parlamento argentino aprobó una ley que habilita al Estado argentino a expropiar Aerolíneas y sus subsidiarias a Marsans, luego de que fracasaran las negociaciones para una compraventa de las empresas.
El pasado 21 de noviembre, el grupo español envío una carta a la presidenta argentina, Cristina Fernández, advirtiéndole de que acudiría al tribunal internacional si no se llegaba a una solución "amistosa y confiable" por la controversia en torno a Aerolíneas Argentinas.
El Gobierno argentino y Marsans firmaron en julio pasado un acuerdo para negociar la venta al Estado de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes.
Luego de que el grupo español se negara a cobrar un "valor simbólico" de un peso por su 94,41 por ciento en Aerolíneas, el Parlamento decidió entonces avanzar hacia una ley para la expropiación.
Las fuentes consultadas por Efe indicaron que como la respuesta a la misiva enviada a la presidenta Cristina Fernández "no fue satisfactoria", Marsans resolvió pedir un arbitraje al CIADI.
"Si ese arbitraje no llega a nada, que es lo que generalmente pasa, ya entrará el reclamo formal en el CIADI, donde se presentará un estudio de valuación de daños (a Marsans)", explicaron las fuentes.
El grupo planea invocar ante el CIADI el tratado de protección de las inversiones españolas en Argentina y planteará presuntos "incumplimientos" del Estado argentino en cuanto a autorizar aumentos tarifarios y otorgar subsidios, y por permitir reiteradas huelgas de empleados de la compañía que afectaron a la empresa.
Respecto a la ley que habilita la expropiación de Aerolíneas aprobada hoy, "por cuestiones legales" el grupo español esperará a la publicación de la norma en el Boletín Oficial, lo que marcará su entrada en vigencia.
Una vez que ello ocurra, el Estado argentino, por medio del organismo que designe, ejercerá "todos los derechos que las acciones a expropiar le confieren" para "garantizar la continuidad y seguridad del servicio", según señala la ley.
Marca, además, que el Estado deberá encargarse del mantenimiento de las casi 9.600 fuentes laborales y del resguardo de los bienes de las empresas y presentar en seis meses un plan de negocios para las compañías.
La Ley de Expropiaciones de Argentina, aprobada en 1977, establece que el objeto de expropiación debe ser antes declarado de "utilidad pública" y que por él debe pagarse una indemnización que "solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación".
Según esta norma, el Estado deberá pagar la indemnización "dentro de los valores máximos que estimen a ese efecto el Tribunal de Tasaciones de la Nación", organismo que ya determinó que Aerolíneas tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que el Estado debería pagar un "valor simbólico" de un peso.
La Ley de Expropiaciones establece que si no hay avenencia respecto del valor de los bienes, la cuestión deberá resolverse mediante un juicio sumario.
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