La Paz.- El Gobierno de Evo Morales y sus opositores avanzan en el diálogo para pacificar Bolivia, donde los militares detuvieron hoy en Pando a diez supuestos implicados en el choque civil que causó al menos 30 muertes y llevó a dictar el estado de sitio en esa región.
La segunda reunión entre el vicepresidente, Álvaro García Linera, y el representante de los prefectos (gobernadores) opositores, el tarijeño Mario Cossío, concluyó esta madrugada con expectativas optimistas, ya que ambas partes trabajan en un documento para sentar las bases de la negociación.
Está previsto que hoy mismo se retomen las conversaciones para cerrar este primer preacuerdo, que daría paso a la auténtica negociación sobre los temas que enfrentan al presidente Morales con los líderes autonomistas de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca.
Los principales temas de debate serían la distribución territorial de las rentas petroleras procedentes del Impuesto de Hidrocarburos (IDH) y la compatibilización del régimen autonómico que reivindican esas regiones con el proyecto constitucional que impulsa Morales.
El presidente aún no ha participado en los dos encuentros entre su Gobierno y los opositores, pero se prevé que lo haga cuando se cierre el preacuerdo.
Ese documento establecería los interlocutores de ambas partes en la negociación, las entidades que actuarían como mediadores o "facilitadores", los temas a tratar y la metodología de trabajo, según publica hoy el diario La Razón.
Mientras tanto, la norteña y amazónica región de Pando, escenario de los episodios más violentos de los últimos días, ha llegado a su tercera jornada bajo el estado de sitio.
En Cobija, la capital de este aislado departamento, el Ejército detuvo hoy a diez personas presuntamente relacionadas con los actos violentos desatados el pasado jueves en la localidad cercana de Porvenir, donde hubo al menos 30 muertos.
En cumplimiento del estado de sitio, el Ejército decomisó a civiles armas de fuego y municiones, en algunos casos procedentes de las Fuerzas Armadas, que podrían haber sido adquiridas de forma ilegal, dijo a los medios el general Walter Panozo, comandante del Comando de Emergencia en Pando.
Panozo aseguró que la población ha colaborado con los militares para identificar a personas supuestamente relacionadas con la ola de violencia y añadió que el Ejército ha intensificado las patrullas para lograr la pacificación total de Cobija.
El ambiente en la capital pandina es hoy de relativa tranquilidad, relató a Efe un periodista de Cobija, aunque dijo que los militares habrían "allanado" la pasada madrugada hasta seis domicilios y un hotel para efectuar las citadas detenciones.
La Prefectura de Pando denunció además que los soldados hicieron explotar una granada y dispararon ráfagas en la vivienda de la presidenta del Comité Cívico departamental, la opositora Ana Melena, donde hubo serios destrozos, según mostró un canal de televisión.
Sin embargo, a pesar del estado de sitio, decenas de personas salieron a las calles de Cobija ayer a manifestarse por la paz en el país y en su departamento.
Las televisiones mostraron también al prefecto de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, en las calles de la ciudad, a pesar de que el Gobierno amenazó con detenerlo bajo la acusación de haber promovido la matanza de Porvenir.
Gobierno y oposición se responsabilizan mutuamente de la violencia en Pando, cuyas consecuencias aún no se conocen con exactitud porque se teme el hallazgo de más cadáveres en las zonas cercanas al lugar del enfrentamiento.
El Ejecutivo ha señalado que los muertos son 30, aunque hasta ahora solo se han recuperado 17 cuerpos, ya que el resto seguiría en el monte o los ríos, según las autoridades.
El conflicto en Bolivia entró hace varias semanas en una fase crítica con la multiplicación de protestas contra el Gobierno en varias regiones opositoras autonomistas.
Los bloqueos de carreteras que paralizaron el sureste boliviano, las tomas y saqueos de instituciones estatales, y los ataques contra infraestructuras energéticas dieron paso a una escalada de violencia que tuvo su momento más grave en Pando.
El origen de las protestas fue la reclamación de los ingresos petroleros que fueron recortados a las regiones, pero en el fondo del conflicto se encuentra el rechazo a la nueva Carta Magna que impulsa Morales, al que sus opositores acusan de promover un régimen "centralista y autoritario".
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