La Paz.- El prefecto del departamento boliviano de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, exigió hoy al Gobierno que autorice la llegada a su región de misiones internacionales, de la prensa y de organizaciones políticas y de Derechos Humanos.
"Exijo que el Gobierno autorice hoy el arribo de misiones de la ONU, Congreso Nacional, Defensor del Pueblo, Derechos Humanos, Iglesia, prefectos y prensa nacional e internacional", dijo Fernández en un comunicado que leyó hoy ante los medios en Cobija.
El prefecto, sobre el que pesa una orden de detención del Gobierno, exigió que se permita llegar a Cobija, la capital de Pando, a todas esas organizaciones que no han podido volar hacia esta aislada región del norte de Bolivia, porque el Ejecutivo no lo ha permitido ante el estado de sitio decretado en la zona.
El Gobierno decretó la medida después de los violentos choques entre partidarios del presidente Evo Morales y opositores autonomistas que causaron casi 30 muertos, según cifras del Ejecutivo.
El gobernador pandino señaló que el estado de sitio es una excusa para "militarizar e instaurar el control político al puro estilo de los regímenes dictatoriales".
Fernández aseguró que los militares están "sembrando el terror entre la población con el descarado propósito de hacer desaparecer las pruebas" que incriminan al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, como el responsable de la violencia de la semana pasada.
Sin embargo, el Gobierno acusa de genocidio al prefecto Fernández por ser el presunto instigador de los choques, ha dictado una orden de captura contra él y ha anunciado que pedirá una pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
A pesar del anuncio de que sería detenido y del estado de sitio, las televisiones mostraron al prefecto mientras paseaba por el centro de la ciudad de Cobija, donde aseguró que permanecerá "a la espera de procesos transparentes e imparciales de investigación".
"Soy el más interesado en que se inicie de inmediato un exhaustivo proceso de investigación", señaló en su comunicado, en el que también mostró su rechazo al "juzgamiento y condenación política precipitadas (...) de desesperados funcionarios gubernamentales".
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