La Paz.- Los gobernadores opositores de Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija anunciaron hoy que demandarán penalmente al Gobierno de Evo Morales por su presunta falta de respeto a los derechos del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, detenido en una cárcel de La Paz.
Los gobernadores opositores también definieron que no harán una campaña en bloque o masiva contra el referendo que se celebrará el próximo 25 de enero sobre el proyecto de nueva Carta Magna impulsado por Morales. De izquierda a derecha, los prefectos (gobernadores) opositores de Chuquisaca, Sabina Cuéllar; Beni, Ernesto Suárez; Tarija, Mario Cossío, y Santa Cruz, Rubén Costas.
La decisión fue tomada en la ciudad amazónica de Trinidad, donde se reunieron el gobernador de Beni, el anfitrión Ernesto Suárez, y sus colegas de Santa Cruz, Ruben Costas, de Chuquisaca, Savina Cuéllar, y Tarija, Mario Cossío, informó una fuente oficial.
Según un comunicado de prensa de la Prefectura cruceña, los líderes opositores informaron que la denuncia contra el Gobierno se hará por su falta de respeto a las normas y las detenciones "ilegales" que realiza, como, a su juicio, ocurrió con Fernández.
El ex prefecto de Pando se encuentra detenido en La Paz acusado de haber violado el estado de sitio decretado en su región y de ser responsable de la masacre ocurrida el pasado 11 de septiembre y en la que murieron 18 personas, la mayoría seguidoras del Gobierno.
Los gobernadores opositores también definieron que no harán una campaña en bloque o masiva contra el referendo que se celebrará el próximo 25 de enero sobre el proyecto de nueva Carta Magna impulsado por Morales.
No obstante, Costas dijo que cada región encarará esa votación de forma "diferente y que esta no es una batalla decisiva", por lo que seguirán luchando por sus principios, según el comunicado de prensa.
"No somos un partido político, sino que siempre hemos funcionado como resistencia democrática y así lo seguiremos haciendo", agregó.
En cambio, la prefecta indígena de Chuquisaca, Savina Cuéllar, indicó que hará "un trabajo de hormiga" a partir del próximo 24 de noviembre para que la población rechace el proyecto constitucional porque, a su juicio, fue aprobado de forma ilegal.
Según Cuéllar, ese proyecto es fruto de la "matanza" de tres chuquisaqueños en las protestas contra la Asamblea Constituyente que fueron protagonizadas por opositores de esa región el año pasado.
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