La Paz.- El defensor del Pueblo de Bolivia, Waldo Albarracín, afirmó hoy que hubo "participación directa" de funcionarios de la prefectura (gobernación) de Pando (norte) en la "masacre" del pasado 11 de septiembre en la que murieron 19 personas, en su mayoría campesinos.
El informe del defensor del pueblo sostiene que los sucesos del pasado 11 de septiembre en la localidad boliviana de Porvenir, en la región amazónica de Pando, se saldaron con 19 muertos y 53 heridos.
En una rueda de prensa en la que comunicó a los medios las conclusiones de un informe sobre los sucesos, Albarracín no quiso pronunciarse sobre la implicación del ex prefecto Leopoldo Fernández ya que "es el Ministerio Público quien debe definir su participación", explicó.
El informe del defensor del pueblo sostiene que los sucesos del pasado 11 de septiembre en la localidad boliviana de Porvenir, en la región amazónica de Pando, se saldaron con 19 muertos y 53 heridos.
Los hechos violentos se enmarcaron en una ola de violencia y enfrentamientos entre oficialistas y opositores autonomistas.
El Ejecutivo de Morales responsabilizó de la matanza al ex prefecto de Pando, el opositor y autonomista Leopoldo Fernández, quien se encuentra detenido en una cárcel de La Paz.
"La masacre en la que campesinos perdieron la vida es un delito de lesa humanidad", afirmó Albarracín.
Para él, en los enfrentamientos se dio un "uso desproporcionado de armas de fuego" frente al "estado de indefensión en que se encontraban los campesinos, con los agravantes de persecución y cacería".
El defensor del Pueblo asegura que constató que la Policía Nacional no hizo lo suficiente para garantizar, durante los enfrentamientos, la seguridad e incluso en algunos casos se "negó a brindarla".
Además señaló que los heridos que fueron trasladados a hospitales tuvieron "atención médica y de emergencia limitada debido a las presiones y el hostigamiento" ejercido por grupos cívicos opositores al Gobierno de Evo Morales.
Albarracín también criticó el "estado de indeterminación" en la detención de Leopoldo Fernández, así como una dilación en el tratamiento del caso del ex prefecto quien fue encarcelado pocos días después de los hechos violentos por incumplimiento del estado de sitio dictado por el Gobierno en esa región.
Precisamente, un juzgado de La Paz determinó en la noche de ayer ratificar la detención preventiva de Fernández por la muerte de un marinero durante la operación militar para recobrar el control del aeropuerto de Cobija, capital de Pando.
El defensor del pueblo lamentó el "uso desproporcional y excesivo de la fuerza" en las detenciones y confinamientos de varias personas de este departamento en operativos que incluyeron "allanamientos de domicilio en horas de la madrugada".
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