Buenos Aires.- Abogados argentinos presentaron hoy una denuncia penal contra el grupo Marsans por administración fraudulenta y vaciamiento de Aerolíneas Argentinas y su subsidiaria Austral, empresas que la compañía española acordó traspasar al Estado argentino.
El ministro de Planificación de Argentina, Julio De Vido (d), y los representantes del grupo turístico español Marsans, Gerardo Díaz Ferrán (c) y Gonzalo Pascual (i), firman el traspaso al Estado de Aerolíneas Argentinas.
La denuncia, que además involucra a directivos de las aerolíneas, pide al juez federal de Buenos Aires Daniel Rafecas que investigue la comisión de esos delitos a partir de la sobreventa de pasajes por unos 140 millones de dólares, informaron fuentes judiciales.
Sostiene que el exceso de ventas de pasajes supone un intento de "vaciamiento" de la aerolínea de bandera y su subsidiaria de vuelos domésticos "por parte de los dueños de la sociedad española para una ecuación económica de fuga", según el texto difundido a la prensa.
"Debería investigarse si sabiendo que Aerolíneas Argentinas y Austral terminarían en manos del Estado argentino como consecuencia de los desmanejos empresariales se la obligó premeditadamente y adrede en forma abusiva al solo efecto de obtener un sustancial beneficio para que nuevamente el Estado tenga que pagar por una empresa que no vale lo que los españoles dicen que vale", subraya.
"Esta hipótesis pondría al descubierto una maniobra evidentemente dolosa con el objeto de estafar al Estado y después, quizá, expresar desde otro país transoceánico- que los argentinos somos ladrones y que no los dejamos seguir invirtiendo en nuestro país", añade.
La denuncia fue presentada por la abogada María Silvina Rumachella, una de las querellantes en la causa que investiga la caída de un avión de Austral a las afueras de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, vecina a Argentina, ocurrida en 1998 con el resultado de 74 muertos.
La querellante, patrocinada por su colega Norberto Caputto, advierte en su denuncia penal que la sobre-venta de pasajes de las aerolíneas pudo haber sido utilizada para "pagar los servicios profesionales de quienes representan en sede judicial en las causas contra directivos y ex directivos de las empresas".
El secretario de Transportes, Ricardo Jaime, dijo hoy que el gobierno está al tanto de esta denuncia y subrayó que se pedirá la auditoría de un organismo internacional en caso de que no haya acuerdo con el grupo español sobre el valor de la aerolínea de bandera.
Jaime sostuvo que por ahora "lo que está comprobado es que "la deuda exigible" que tiene Aerolíneas Argentinas es de 240 millones de dólares sobre pasivos totales por unos 890 millones de dólares.
Desde el 21 de julio pasado, las aerolíneas son gestionadas por una comisión de transición formada por tres representantes del Estado y dos de Marsans con vistas a que se haga una auditoría completa para determinar la situación y el precio de las empresas.
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