Ayuntamientos dirán al CES que el anteproyecto incumple el acuerdo con La Comunidad

Madrid.-  Los ayuntamientos de Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada dirán hoy al Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad que el anteproyecto de Ley aprobado por el Gobierno regional incumple lo acordado por la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, con ellos y con la Delegación del Gobierno.

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(EFE)

Los ayuntamientos de Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada dirán hoy al Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad que el anteproyecto de Ley aprobado por el Gobierno regional incumple lo acordado por la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, con ellos y con la Delegación del Gobierno. EFE/Archivo

Representantes de los tres ayuntamientos han sido convocados hoy por el CES para conocer su posición respecto al anteproyecto de Ley de la Cañada Real aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad el pasado 23 de julio.

Según ha adelantado el Ayuntamiento de Madrid, los tres municipios llamarán la atención sobre el hecho de que el nuevo anteproyecto permite, entre otras cosas, que en un plazo de dos años se pueda llevar a cabo la venta de los suelos ocupados sin acuerdo social previo.

Al respecto consideran que esta forma de desafectar, lejos de resolver, agravará los problemas de pobreza y exclusión social, medioambientales, de inseguridad ciudadana y de ausencia de respeto al Estado de Derecho presentes en la Cañada Real.

Creen los tres municipios afectados que ésta es una Ley que en su estado actual permite premiar la ocupación ilegal de bienes de dominio público y favorece a una minoría con capacidad adquisitiva suficiente para poder comprar el suelo que ha ocupado ilegalmente ya sea para recreo, para actividades económicas irregulares o para vivienda.

Además, dirán el CES que el modelo de esta ley regional consiste en facilitar el uso residencial de la Cañada Real, cuando de hacerse así en muchos de sus tramos se contravendría con ello la legislación ambiental o se pondría en riesgo la seguridad de las personas, caso de los suelos dentro del Parque Regional del Sureste, cercanos al vertedero de Valdemingómez o atravesados por grandes infraestructuras, como la gran arteria de gas natural.

Madrid, Rivas y Coslada criticarán también los efectos no deseados de la ley: producirá una situación de parálisis prolongando indefinidamente la situación actual de deterioro de la Cañada Real y elevará los costes económicos que tengan que asumir en el futuro las administraciones municipales para poder solucionar el problema, pues se tendrá que negociar con los nuevos propietarios a los que venda el suelo la Comunidad.

Las administraciones, afirman, perderán el control de la situación incrementándose las disputas jurídicas con los nuevos propietarios del suelo y se abrirá la puerta a que los clanes de la droga a través de personas interpuestas se asienten en la zona con títulos de propiedad manteniendo un tipo de asentamientos marginales favorables para su negocio.

Finalmente, se incentivará la ocupación ilegal de otros bienes de dominio público en la Comunidad de Madrid.

Por todo ello, los tres ayuntamientos quieren avisar a los potenciales compradores del suelo de la Cañada Real que ejercerán la totalidad de sus competencias urbanísticas sin consentir ningún tipo de especulación, sea quien sea quien adquiera el bien, un ocupante ilegal o cualquier otro actor privado.

Para ello, entre otras medidas no modificarán la clasificación del suelo y dejarán la Cañada Real como zona verde especialmente protegida.

Quizá una de las quejas más notables es que el anteproyecto pretende eludir la responsabilidad de la Comunidad de Madrid en la solución del problema y, en particular su responsabilidad social.

En este sentido, recordarán en el CES que la Comunidad seguirá manteniendo sus competencias en materia de servicios sociales, infraestructuras supramunicipales y disciplina urbanística.

Tras dejar clara su postura ante el CES, los tres ayuntamientos pedirán a la Comunidad que convoque nuevamente a todas las administraciones implicadas a la Mesa de Negociación, de modo que se recupere el consenso alcanzado el 7 de julio que ahora consideran roto por una decisión unilateral de la Comunidad de Madrid.

Insistirán también en seguir la hoja de ruta acordada: aprobar la ley en los términos pactados con los Ayuntamientos; elaborar el censo y analizar la situación social de cada familia; alcanzar un acuerdo social entre las administraciones; hacer los cambios en la ordenación urbanística que procedan; y, sólo entonces, desafectar.