Madrid, Rivas y Coslada se sienten engañados y exigen a Aguirre que retire la Ley de la Cañada Real

Madrid.-  Los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada se sienten "engañados" por el Gobierno regional y exigen a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que modifique o retire el anteproyecto de Ley de la Cañada Real y convoque la mesa de negociación para retomar el acuerdo del pasado 7 de julio.

Si la Comunidad no atiende esta petición y sigue adelante con la tramitación de la ley tal y como salió del Consejo de Gobierno el pasado 23 de julio, los ayuntamientos, que a día de hoy consideran "roto" el acuerdo, no descartan acudir a la justicia y desde luego no piensan autorizar ningún aprovechamiento urbanístico en esos terrenos.

Así se lo han dicho hoy la delegada madrileña de Urbanismo, Pilar Martínez, el alcalde de Rivas, José Masa, y un representante del Ayuntamiento de Coslada al Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad, cuya representación sindical ha anunciado después a Efe que ahora llamará a la Delegación del Gobierno, quinta pata del acuerdo, para conocer su opinión.

Según han explicado Martínez y Masa en declaraciones a la prensa, el problema radica en que el Gobierno autonómico ha introducido en el anteproyecto una alteración en el orden del proceso que iba a dar solución al problema de la Cañada Real: en vez de abordar primero el problema social y después desafectar el suelo, se podrá hacer al contrario.

Aunque el acuerdo era "absolutamente claro, concreto y preciso", según Masa, los ayuntamientos aseguran que el ejecutivo autonómico ha introducido un punto cuarto al artículo 3 que permite que en un plazo de dos años se pueda llevar a cabo la venta del suelo ocupado sin acuerdo social previo, es decir, sin una solución a los realojos de los habitantes de la Cañada que puedan tener derecho a ello.

Martínez ha advertido de que ese punto que en principio "puede parecer inocuo", en realidad "agrava el problema de ocupación ilegal de un bien de dominio público" y puede "asentar" en la Cañada Real actividades ilegales como la venta de drogas -o incluso de armas, como ha sugerido Martínez dentro de la reunión, según han indicado a Efe fuentes sindicales-.

Los tres ayuntamientos están de acuerdo en que así, las administraciones perderán el control de la situación incrementándose las disputas jurídicas con los nuevos propietarios del suelo y se abrirá la puerta a que los clanes de la droga, a través de personas interpuestas, se asienten en la zona con títulos de propiedad manteniendo un tipo de asentamientos marginales favorables para su negocio.

Masa ha resumido así su opinión: "ahora mismo Esperanza Aguirre, desde la irresponsabilidad, pone en riesgo y en dificultad la solución del problema de los que menos tienen y el problema de que la Cañada Real se convierta todavía en algo muchísimo más peligroso desde el punto de vista social, de la exclusión".

Sin querer responder a estas afirmaciones, Esperanza Aguirre, ha reiterado hoy su deseo de contar con el "consenso de todo el mundo" para el anteproyecto de Ley y ha recordado que serán los ayuntamientos afectados los que decidirán la ordenación de la zona.

La presidenta ha defendido que "un Gobierno regional, por primera vez en cuarenta años, ha decidido dar un paso adelante y presentar un proyecto de ley que regule los establecimientos hasta ahora ilegales en la Cañada Real".

"Queremos hacerlo por consenso y por ello, en primer lugar, hemos hablado con los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada, son los que decidirán cuál es la ordenación en la Cañada Real", ha señalado.

Aguirre ha hecho hincapié en que "en el siglo XXI no puede seguirse tratando esos asentamientos ilegales so pretexto que son un paso de ganado, cuando el ganado no ha pasado por ahí en los últimos cincuenta años jamás".

"Creo que hay que atacar de frente el problema; hay que hacer un proyecto de ley que tenga el consenso de todo el mundo y que se apruebe ojalá por unanimidad en la Asamblea, ha sostenido.

Por su parte, los representantes de UGT y CC.OO. en el CEShan pedido a Aguirre que "retome el consenso" con los ayuntamientos para resolver el problema de la Cañada Real y el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, ha acusado hoy a la presidenta de "anteponer los intereses especulativos a las soluciones sociales".