Madrid.- El Gobierno de ha apelado a "la corresponsabilidad" de las Administraciones públicas relacionadas con la Cañada Real Galiana para solucionar entre todos un problema que no es "de titularidad del suelo" sino "de orden público y de disciplina urbanística" y que "lleva a la exclusión social y a la delincuencia".
Así lo ha manifestado hoy la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al que ha dado cuenta del contenido del anteproyecto de ley para la desafección y posterior desarrollo urbanístico de la Cañada Real, con la que se trata de "ordenar una situación" de orden público y construcciones ilegales que se remonta unos 50 años atrás.
Mariño ha dado cuenta al Gobierno regional del acuerdo alcanzado por las partes implicadas en este asunto (la Comunidad, la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid), en el que se basa el anteproyecto de ley, y ha recalcado que todos coinciden en que "no vamos a consentir que se vuelvan a producir intrusismos" a lo largo de los 14,2 kilómetros de longitud de la Cañada.
La consejera, que no ha querido hablar de fechas o plazos cuando ha sido preguntada por la entrada en vigor de la ley, ha recalcado que será la Comunidad de Madrid "la que tutele todo el proceso desde el consenso" con los ayuntamientos implicados, con la Delegación del Gobierno y con la sociedad civil.
Ha dicho también que las administraciones públicas con las que se está dialogando para elaborar esta ley se han comprometido a "asumir la responsabilidad que le corresponde" a cada una en materia social económica y de seguridad ciudadana y que todas están de acuerdo en que los terrenos de la Cañada Real han de ser desafectados porque ahora el paso de ganado por este lugar "es inexistente" y "no tiene cabida" en esta zona de la Comunidad.
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