Más de 1.300 ex "paras" han sido asesinados, denuncia un antiguo jefe extraditado a EE.UU.

Bogotá.-  Más de 1.300 ex paramilitares y decenas de sus familiares han sido asesinados en Colombia desde la disolución en 2006 de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), denunció un antiguo jefe de esa organización extraditado a Estados Unidos.

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(EFE)

Estos crímenes se han derivado del disgusto del "establecimiento" con la verdad que han podido contar los miembros que dejaron las armas dentro del proceso de paz con el Gobierno, sostuvo Salvatore Mancuso. EFE/Archivo

Estos crímenes se han derivado del disgusto del "establecimiento" con la verdad que han podido contar los miembros que dejaron las armas dentro del proceso de paz con el Gobierno, sostuvo Salvatore Mancuso, antiguo mando máximo de las AUC, en un mensaje a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que lo divulgó hoy en su sitio en Internet.

Mancuso consideró que los responsables del "establecimiento", que no identifica, pretendían que los ex paramilitares confesaran solo los hechos que implicaran a los antiguos jefes ultraderechistas.

Su fin (el del establecimiento), prosiguió, era el de "desaparecer sus culpas, limpiándolas con nosotros como chivos expiatorios de toda la complejidad de este fenómeno violento".

En este sentido, recordó que en el pasado había advertido de que a ellos los iban criminalizar, estigmatizar, intimidar, atacar y asesinar en el caso de que todas las verdades no fueran confesadas por "todos" los que tuvieran "responsabilidades en el conflicto".

"Al día de hoy han asesinado a más de 1.300 desmovilizados de la autodefensas - muchos envenenados y estrangulados en las cárceles del país-, al igual que a decenas de familiares de estos, porque existen personas interesadas en que no se confiesen las verdades", señaló Mancuso.

El ex jefe de las AUC agregó que, en su caso, se volvió incómodo cuando comenzó a contar verdades que "empezaron a tocar varios intereses políticos y económicos de la vida nacional", según se lo mandaba su conciencia y se lo exigía la Ley de Justicia y Paz, adoptada en 2005 como marco jurídico para la reinserción de los ex paramilitares.

La normativa alcanza a los más de 31.000 ultraderechistas que dejaron las armas en virtud del proceso de paz con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe que terminó a mediados de 2006, con la desintegración de las AUC.

"Me volví incómodo y por todos los medios han tratado de deslegitimarme e impedirme que reconstruya la verdad", aseguró Mancuso, que se desmovilizó en diciembre de 2004 junto a 1.425 hombres que tenía bajo su mando.

Tres años y medio más tarde, Mancuso fue entregado a Estados Unidos junto a otros trece ex mandos de las AUC, todos ellos procesados por narcotráfico, lavado de activos y financiación al terrorismo.

Mancuso consideró que la extradición fue ordenada por un Gobierno "enfurecido" por las confesiones que hacía él y con la intención de callarlo.

Según él, su reclusión en el país norteamericano le ha impedido cumplir con los compromisos de la parte judicial que siguió al proceso de paz y que hacen imprescindible el contacto con subalternos y abogados, y tener a mano los medios de trabajo necesarios, entre otros problemas.

Mancuso afirmó que el Gobierno tiene un plan estratégico que exige mantener y prolongar el conflicto armado y el narcotráfico, por lo que sólo ha recibido de él "obstáculos, dificultades, impedimentos, incumplimientos, traiciones, bloqueos, ataques, exclusión, venganza, retaliaciones, estigmatizaciones, extradición y aislamiento"

Son "pocos, pero poderosos e influyentes personajes en Colombia" los que quieren que se mantenga la impunidad, expresó Mancuso, que pidió a la CSJ que intervenga para "superar estos graves problemas" y se le permita cumplir con su "compromiso de paz y reconciliación".