Un paramilitar extraditado a EE.UU. condiciona su colaboración con la justicia colombiana

Bogotá.-  El ex jefe paramilitar colombiano Diego Fernando Murillo, extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008, notificó que solo colaborará con la justicia de su país cuando las autoridades garanticen la seguridad de sus familiares y abogados.

ampliar foto

(EFE)

El ex paramilitar, alias "Don Berna", escribió a la Corte Suprema de Justicia que el "permanente riesgo" en el que está su familia lo obligó a suspender indefinidamente sus diligencias judiciales programadas desde Colombia. EFE/Archivo

En una extensa carta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) divulgada hoy por internet, Murillo reconoció explícitamente que las amenazas e intimidaciones a sus allegados y defensores lo llevaron a suspender su comparecencia en vistas judiciales virtuales.

"La campaña para silenciarme continúa vigorosamente", sostuvo "Don Berna", alias de este ex mando de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), extraditado el 13 de mayo del año pasado junto a otros trece antiguos jefes de la organización.

Murillo precisó que esta cruzada ha incluido el asesinato de dos de sus parientes cercanos y "amenazas constantes" a su familia y a sus abogados.

Los defensores son objeto de "seguimientos pasivos y activos, de interceptaciones ilegales a la totalidad de sus medios de comunicación (teléfonos, correos electrónicos, etc.), y de maquiavélicos 'informes de inteligencia' de parte de los organismos de inteligencia de Colombia", agregó el ex paramilitar, que está preso en una cárcel de Nueva York.

Son actos que "provienen en su gran mayoría del mismo Estado (colombiano)" y no hay posibilidad de denunciarlos, añadió Murillo, que afronta al igual que sus compañeros de extradición cargos de narcotráfico, lavado de activos y financiación al terrorismo.

El ex paramilitar escribió a la CSJ que el "permanente riesgo" en el que están su familia y asesores legales lo obligó a suspender de manera indefinida su participación en diligencias judiciales programadas desde Colombia.

"Cuando existan las condiciones que garanticen la seguridad de mi familia y de mis asesores legales, pueden contar con mi participación activa con todo requerimiento judicial", prosiguió Murillo, quien dijo que no aceptó una oferta de protección que le hizo la fiscalía por cuanto él conoce de "primera mano la posibilidad de infiltración en tal sistema".

Según dice, este sistema no ofrece las condiciones mínimas para garantizar la seguridad de su familia e, incluso, los puede colocar a ellos en mayor riesgo y a él en situación de "fácil presa de nuevas presiones para callar".

Es una "campaña sistemática y permanente de silencio" que ha ido hasta la desligitimación de "mis denuncias a sectores de poder en Colombia cómplices de nuestras acciones", advirtió Murillo,

"Fuimos un instrumento de esos sectores, nosotros hicimos el 'trabajo sucio' que ellos ordenaban, fuimos el escudo para la impunidad total de sus actos", indicó el ex jefe ultraderechista, que tuvo al mando unos 1.320 paramilitares.

De ellos, 855 pertenecían al Bloque Cacique Nutibara (BCN), que que se desarmó en noviembre de 2003, y los otros 465 al Bloque Héroes de Tolová (BHT), que se disolvió en junio de 2005.

Estas desmovilizaciones hicieron parte del programa de desarme de más de 31.000 miembros de las AUC, que terminó a mediados de 2006, dentro de un proceso de paz con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe.