Una mafia rusa de Guipúzcoa quería comprar un niño para vender sus órganos

San Sebastián.-  Una mafia rusa asentada en Guipúzcoa con ramificaciones en Álava y en Cataluña, dedicada a extorsionar a empresarios originarios de los países del Este de Europa, pretendía comprar un niño en Francia por 5.500 euros para lucrarse posteriormente con la venta de sus órganos.

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(EFE)

Agentes de la Guardia Civil en Guipúzcoa. EFE/Archivo

Ésta es una de las principales imputaciones que el juzgado instructor del caso hace a los integrantes de la banda en un auto, al que hoy ha tenido acceso Efe, en el que da traslado a las partes para que pidan la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de lo actuado o, excepcionalmente, la práctica de nuevas diligencias.

El auto hace un detallado relato de las presuntas actividades delictivas de los 25 supuestos integrantes de esta "compleja red", perfectamente "estructurada y jerarquizada", que presuntamente se dedicaba a extorsionar a empresarios de la antigua URSS afincados en Guipúzcoa, bajo amenazas de muerte a ellos y a sus familias.

El líder del grupo era un "niño de la guerra" asentado desde hace diez años en Guipúzcoa, que disfruta de la doble nacionalidad rusa y española, y que era conocido en el mundo del hampa como "Vor v zakone" (Ladrón de ley), quien "disfrutaba de un elevado nivel de vida y utilizaba vehículos de gama alta, uno de ellos valorado en más de 95.000 euros", a pesar de no tener ninguna actividad laboral.

El primer golpe policial a esta organización criminal se produjo el 13 de enero de 2008, cuando la Guardia Civil arrestó a tres integrantes de la "célula de robos" cuando se disponían a abandonar España en coche para comprar un niño en Francia con la intención de comerciar posteriormente con sus órganos.

Dos días después, fueron detenidos en un domicilio de San Sebastián el cabecilla de la banda y su mujer, a los que les fueron intervenidas diferentes cantidades de droga y dinero.

La Guardia Civil capturó asimismo a un hombre y a su madre que regentaban un local de venta de alimentos y productos rusos, donde los miembros de la banda realizaban sus reuniones y escondían los efectos robados, mientras que el 17 de enero cayeron los cuatro miembros de la "célula de extorsión", quienes residían en un domicilio de Aia (Guipúzcoa).

El auto judicial explica que "conforme se iba desmantelando y descabezando" a la organización delictiva, se inició una pugna en su seno hasta que otro de los imputados se hizo con el liderazgo y comenzó a planificar nuevas operaciones "de bastante envergadura", entre las que destaca el "secuestro exprés" de un empresario georgiano residente en Bilbao desde hace quince años.

Paralelamente, el nuevo jefe de la mafia habría ordenado a otros cuatro miembros de la organización residentes en Lloret del Mar (Gerona) que se desplazaran a Italia para realizar robos en viviendas con el objetivo de "mantener" los ingresos de la banda, aunque todos ellos fueron capturados el 3 de marzo de 2008 cuando se disponían a salir del país por el puerto de Barcelona.

El nuevo líder también decidió proveerse de más armas para lo que contactó con otro ciudadano originario de Europa del Este residente en Vitoria, si bien el 2 de marzo de 2008, la Guardia Civil decidió arrestar al nuevo jefe y a otros miembros de la banda, tras comprobar que estaban haciendo las maletas para escapar. En esta actuación también fue registrado un piso en Cornellá de Llobregat (Barcelona).

La resolución de esta operación policial, denominada "Nala", iniciada por la Guardia Civil a mediados de 2007, permitió descubrir que los integrantes del grupo utilizaban documentación falsa, lo que llevó a la policía hasta otra célula de la banda dedicada a la falsificación, compuesta por otras tres personas que presuntamente trabajaban en un piso de Gerona en el que fue ocupado un complejo equipo informático de alta calidad.

El auto judicial indica que esta célula era una "pieza fundamental" dentro de la organización ya que, a través de una gestoría, aportaban la documentación que permitía a la banda introducir en la Unión Europea trabajadores de Europa del Este a los que presuntamente esclavizaba en trabajos de la construcción ya que les obligaban a vivir en pisos "patera" y se quedaban con sus todos sus ingresos.

El juzgado de San Sebastián que instruye el caso considera que presuntamente los diferentes miembros de la banda están implicados en diferente medida en delitos de asociación ilícita, extorsión, amenazas, daños contra el patrimonio, receptación, contra la salud pública, tráfico y tenencia ilícita de armas, falsedad documental y contra la Ley de Extranjería.