Granada.- La Consejería de Justicia y Administración Pública trabaja en el borrador del estatuto básico del empleado público, en colaboración con el Consejo Consultivo de Andalucía para crear el documento que "regirá la administración del siglo XXI", y que presentará a los sindicatos el próximo otoño.
La consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, durante la rueda de prensa después de la reunión con el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso.
Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa en Granada la consejera del ramo, Begoña Álvarez, tras mantener una reunión de trabajo con el presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Bueso, en la que también han abordado la futura creación del tribunal administrativo de la Junta, en cuya puesta en marcha también colaborará el Consultivo.
Álvarez ha indicado que el borrador del estatuto básico del empleado publico se presentará en otoño a los sindicatos con más representación en el ámbito de la función publica para empezar a negociar la futura ley que regirá la administración andaluza.
"La administración del futuro tiene que estar lejos de los patrones clásicos de la función pública y orientarse a la eficacia del sistema administrativo para resolver los problemas de los ciudadanos con agilidad", ha asegurado la consejera, quien ha concretado que la ley actual lleva más de 20 años vigente.
Cano Bueso ha destacado la necesidad "inmediata" que tiene la comunidad andaluza de desarrollar este estatuto que, "aunque aparentemente no tiene incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos", podrá servir para contar con un aparato administrativo "eficaz, eficiente, moderno, formado, responsable y comprometido" con los derechos de la sociedad.
A su juicio, contar con un personal administrativo que tenga estas características es la condición primordial de la calidad de la democracia y de la prestación de los servicios públicos.
Respecto a la creación del tribunal administrativo, la consejera ha concretado que el comité de expertos designado para estudiar la creación de este órgano de resolución extrajudicial de conflictos para la jurisdicción contencioso-administrativa, con el objetivo de reducir los asuntos que llegan a los tribunales en esta vía, ya ha elaborado el primer borrador de la futura ley.
Este órgano se encargará de resolver los recursos de alzada que los ciudadanos interpongan ante la administración andaluza, aunque no limitará que los interesados puedan acudir posteriormente a los juzgados.
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