Un Servicio de Ejecución y Apoyo penal tratará de evitar otro caso como el de Mari Luz

Sevilla.-  La consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, dijo hoy en su primera comparecencia en comisión parlamentaria que implantará un Servicio de Ejecución y Apoyo a los Juzgados de lo Penal para evitar casos como el de la niña de Huelva Mari Luz.

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(EFE)

La consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez. EFE/Archivo

Este nuevo servicio comenzará por Sevilla con idea de extenderlo posteriormente a las ocho provincias y se pretende con él "racionalizar la gestión para ser más eficaces y eficientes en la tramitación de la ejecutorias penales" o casos ya resueltos con sentencias pendientes de ejecutar, según la consejera.

El nuevo servicio asumirá "la tramitación de todas las ejecuciones de las sentencias de los Juzgados de lo Penal, sean por delito, falta o conformidad", y el hecho de que esta función se atribuya a un elemento organizativo y funcional único proporcionará "mayor agilidad y control mediante la homogeneización de las actuaciones" y "un mayor control de la propia ejecutoria, al tener un seguimiento constante e informatizado".

Álvarez anunció igualmente "refuerzos a servicios muy específicos" y a grandes sumarios como los de los casos Malaya o Ballena Blanca, y a otros que susciten alarma social.

Antes de fin de año estará en marcha un "programa de intervención hacia los veinte órganos judiciales que en este momento acumulan más carga de trabajo, con especial incidencia en el orden contencioso-administrativo".

La consejera también anunció la constitución de un comité de expertos que proponga iniciativas para reducir la litigiosidad mediante la resolución extrajudicial de conflictos, ante el que consideró muy elevado nivel de litigiosidad de Andalucía.

Álvarez aseguró que las Ciudades de la Justicia son una prioridad en el "avance de la Justicia" planeado por su departamento, a la vez que citó el compromiso de investidura del presidente de la Junta que considerada la reforma de la Justicia un "objetivo crucial e inaplazable".

El diputado del PP Carlos Rojas pidió un "plan de choque" para abordar esa reforma, un proyecto de ley con una nueva demarcación judicial, que haya juzgados de violencia de género en todos los partidos judiciales, que se dé un plazo definitivo para todas las Ciudades de la Justicia y calificó de "descaro" y "gato por liebre", en el caso de Sevilla, vincular una cesión de terrenos al pago de la deuda histórica.

Rojas pidió también el cumplimiento del plan de infraestructuras 2002-09 que acumula "un retraso espectacular", echó en falta que no se cuantifique cómo se va a mejorar la Justicia y reconoció como un avance que se reconozca que el caso Mariluz se debió "a un fallo gravísimo en la Justicia", a la vez que señaló que los órganos sobrecargados son muchos más de veinte y calificó de "escandalosa" la situación de las ejecutorias penales.

El diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo reclamó las competencias penales, ya que hay en la región 15.500 presos, entre 90 y 95 juzgados de lo social y 25 penales más en la región, mientras que aseguró que "algo falla para que se incremente el número de muertes por violencia machista".

Gordillo pidió igualmente que "se desprivatice la Justicia" para que todos los ciudadanos tengan "un mismo mecanismo de defensa" porque ahora "tiene mejor justicia el que más dinero tiene".