Washington.- La Organización de Estados Americanos (OEA) prepara hoy una resolución de condena al golpe militar contra el presidente hondureño, Manuel Zelaya, sumándose a organismos humanitarios y países que, además, exigen el restablecimiento del orden constitucional en esa nación.
La OEA comenzó su reunión extraordinaria del Consejo Permanente alrededor del mediodía (16.00 GMT), en la que diversos embajadores condenaron enérgicamente el golpe ocurrido esta madrugada en Honduras y pidieron el restablecimiento del orden constitucional.
Posteriormente, la OEA suspendió la sesión abierta de la reunión para analizar a puerta cerrada el texto de la resolución de condena, que se prevé quedará aprobada a lo largo de la jornada.
"Esto ha sido un golpe militar (...) y tenemos que señalar que se debe restablecer el orden constitucional", dijo el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, al iniciar la sesión.
Insulza consideró que Honduras afronta una "situación extremadamente grave", porque en ese país ha habido una "alteración del orden constitucional".
El secretario general de la OEA confirmó que Zelaya, detenido por militares esta madrugada, se encuentra ahora en Costa Rica en calidad de visitante, pero que este "no ha pedido asilo político".
Durante la sesión, varios de los 34 embajadores condenaron, a su turno, el golpe militar en Honduras y dieron su respaldo al presidente Zelaya.
A juzgar por el tenor de sus declaraciones, que incluyeron advertencias para no repetir los golpes militares del pasado en el continente, los embajadores se decantaban por una resolución que condene el golpe y rechace al nuevo presidente instalado por los militares, Roberto Micheletti.
También pidieron que se convoque para el próximo jueves una reunión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA, tal como lo estipula el artículo 20 de la Carta Democrática si fallan las gestiones diplomáticas ante la "alteración del orden constitucional".
Según el artículo 20, el objetivo de la sesión extraordinaria es estudiar las medidas que eventualmente deberá adoptar la Asamblea General, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme al derecho internacional y la Carta Democrática.
En todo caso, la tarea de la OEA ante crisis semejantes, es promover "la normalización de la institucionalidad democrática", según reza el artículo 20.
La última vez que la OEA intervino para restablecer la institucionalidad democrática en un país latinoamericano fue tras el golpe contra el presidente venezolano, Hugo Chávez, en abril de 2002.
No está claro si Insulza viajará a Honduras el próximo lunes, como estaba previsto antes de los sucesos de hoy.
Sin embargo, el secretario de comunicaciones de la presidencia salvadoreña, David Rivas, dijo a Efe que Insulza llegará este domingo hacia las 18.00 hora local (00.00 GMT) a El Salvador para reunirse con el presidente Mauricio Funes.
Por su parte, el embajador hondureño ante la OEA, Carlos Sosa, secundado por otros diplomáticos, entre ellos los de Paraguay, Brasil, México, Nicaragua y Venezuela, pidió que el organismo regional emita una resolución de condena al golpe militar.
"Honduras solicita de ustedes la condena manifiesta, enfática, del golpe", dijo Sosa, al enfatizar que lo ocurrido hoy demuestra "de manera brutal" las advertencias que dio el viernes pasado sobre la crisis en su país.
En declaraciones a los periodistas al concluir la sesión abierta de la reunión, Sosa manifestó que la meta de su país es recuperar la democracia "a través de fines pacíficos y sin el uso de la fuerza".
En ese sentido, dijo que el Gobierno de Zelaya "no está pidiendo asistencia militar" para aplacar la crisis actual.
En paralelo, tanto el presidente de EE.UU., Barack Obama, como su secretaria de Estado, Hillary Clinton, pidieron a todas las partes involucradas que respeten las normas democráticas y el orden constitucional en Honduras.
Un funcionario de alto rango del Gobierno de Washington, que pidió el anonimato, dijo a Efe que un equipo intergubernamental está siguiendo de cerca la evolución de la crisis en Honduras y estará informando periódicamente al presidente Obama y al Consejo de Seguridad Nacional.
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