Mantienen la petición de 36 años para el etarra acusado de matar a un magistrado del Supremo

Madrid.-  El fiscal ha mantenido la petición de 36 años de cárcel para el presunto etarra Javier Abaunza Martínez por el asesinato del magistrado del Tribunal Supremo Rafael Martínez Emperador el 10 de febrero de 1997, en el juicio que ha quedado visto para sentencia hoy en la Audiencia Nacional.

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(EFE)

El presunto etarra Javier Abaunza Martínez, en la Audiencia Nacional, donde se le juzga por el asesinato el 10 de febrero de 1997 en Madrid del magistrado del Tribunal Supremo Rafael Martínez Emperador, hechos por los que el fiscal pide para él 36 años de prisión.

El Ministerio Fiscal ha considerado demostrado que aquel día, sobre las 14.35 horas, el magistrado llegó al portal de su casa, situada en la calle Menorca de Madrid, después de su jornada laboral, y en el momento de abrir la puerta, Abaunza y otro etarra se le acercaron.

Fue entonces cuando, según el fiscal, el acusado disparó al magistrado en la cabeza a corta distancia, lo que causó su muerte casi inmediata, ya que aunque fue conducido hasta un hospital cercano ingresó cadáver en el centro sanitario.

Entre las pruebas aportadas, el Ministerio Público ha dado especial relevancia a las declaraciones de los testigos que presenciaron los hechos y que han coincidido en señalar que, tras escuchar un disparo, vieron salir corriendo a una persona mientras un vecino le perseguía al grito de "¡asesino, asesino!"

Este vecino fue el que mejor vio lo que sucedió, ya que se disponía a salir del portal justo cuando Martínez Emperador esperaba a que le abriesen la puerta.

"Vi a una persona que sacó una pistola y le pegó un tiro en la nuca", ha explicado el testigo, que ha añadido que la corpulencia del magistrado le impidió ver la cara del asesino.

Lo que sí que vio, y en lo que coincide con el resto de testigos, es que quien disparó al magistrado por la espalda y a quemarropa vestía una chaqueta tres cuartos de color beige.

La prenda fue encontrada una semana después en un coche con las matrículas dobladas que había sido robado unos días antes del atentado y en el que los investigadores encontraron las huellas dactilares de Abaunza.

En el vehículo, la Policía también encontró un artefacto incendiario que, según un agente que ha prestado declaración hoy, "buscaba destruir las pruebas provocando un incendio".

Las huellas dactilares del que en su momento era considerado "número tres" del "aparato militar" de ETA, detenido en 2002 en Francia y entregado a España en 2008, fueron encontradas en dos "pisos francos" ocupados en aquellas fechas por el "comando Madrid".

En uno de los inmuebles utilizados por los etarras, la Policía encontró también un folio con anotaciones de matrículas de coches, entre las que estaba la del vehículo robado.

El arma utilizada en el atentado fue incautada años más tarde en Francia a otro integrante de la banda terrorista, Aitzol Gogorza Otaegi, cuando fue detenido en Las Landas el 16 de diciembre de 1999.

El fiscal ha considerado que, además de estas pruebas, el silencio mantenido por Abaunza, que se ha negado a declarar en el juicio, destruye su presunción de inocencia.

"Pudo haberse explicado, pero se ha callado ante las pruebas", ha apuntado el fiscal, que ha mantenido su petición de treinta años de prisión por asesinato terrorista, dos por tenencia ilícita de armas y otros cuatro por un delito de falsificación de delitos oficiales con finalidad terrorista.

La acusación particular, que pide la misma pena, ha apuntado que Abaunza "sabía muy bien a quién estaba matando" y que buscaba "subvertir el orden constitucional y poner nerviosa a una sociedad que quería la paz", pero que España "va a seguir luchando por vivir en libertad".