Madrid.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá 36 años de cárcel para el etarra Javier Abaunza Martínez por el atentado que, el 10 de febrero de 1997, acabó con la vida del magistrado del Tribunal Supremo Rafael Martínez Emperador.
Los presuntos etarras Javier Abaunza Martínez (i), Juan Ramón Carasatorre Aldaz (d), y Manex Zubiaga Bravo (ausente en la foto), relacionados con los comandos Buruhauste, Madrid y Donosti, respectivamente, a su llegada a Madrid en el año 2007. EFE/Archivo
En el juicio que se celebrará en la Audiencia Nacional por estos hechos, aunque aún no ha sido señalada la fecha, el fiscal pedirá también que el acusado indemnice a los herederos de la víctima con 300.000 euros.
Según consta en el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, sobre las 14:35 horas de la mencionada fecha el magistrado llegó al portal de su casa, situada en la calle Menorca de Madrid, después de su jornada laboral, y en el momento de abrir la puerta, Abaunza Martínez y otra persona se le acercaron.
Uno de ellos, añade el Ministerio Público, disparó en la cabeza de Martínez Emperador a corta distancia, lo que causó su muerte casi inmediata, ya que aunque fue conducido hasta un hospital cercano, ingresó cadáver en el centro.
Ocho días después del asesinato, la Policía localizó en una calle cercana un vehículo con las matrículas manipuladas y en cuyo interior se hallaron huellas dactilares de Abaunza Martínez.
La Policía también encontró huellas del acusado en un piso de la calle Polibea y anotaciones con matrículas -entre ellas la del coche mencionado- en otra vivienda situada en la calle Doctor Fleming.
El arma empleada en el atentado, reivindicado por ETA el 3 de abril de 1997, se incautó en diciembre de 1999 al etarra Aitzol Gogorza Otaegi, cuando fue detenido en Francia.
Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de asesinato terrorista, de otro de tenencia ilícita de armas y de un tercero de falsificación de documentos oficiales.
Abaunza Martínez fue detenido el 2 de mayo de 2002 en Francia y entregado a España por las autoridades de este país el 10 de septiembre de 2008.
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