El Govern legislará para sancionar a quienes no usen las VPO como vivienda

Palma.-  El pleno del Parlament ha aprobado por asentimiento una proposición no de ley instando al Govern a crear un régimen sancionador contra el fraude en el uso de viviendas de protección pública, que contemple la reversión en caso de que no sean utilizadas como domicilio habitual por el adjudicatario.

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(EFE)

El pleno del Parlament ha aprobado por asentimiento una proposición no de ley instando al Govern a crear un régimen sancionador contra el fraude en el uso de viviendas de protección pública. EFE/Archivo

La diputada Aina Rado ha defendido ante el pleno la propuesta del grupo parlamentario socialista justificándola por la situación actual de "falta de viviendas" para personas con pocos recursos y ante la necesidad de "procurar ser lo más transparentes posibles" en el ámbito de las residencias de protección pública.

Rado ha asegurado que "se dan determinados fraudes" a pesar de que entre los requisitos para adjudicar viviendas de protección figura que sean destinadas a "vivienda habitual o permanente" y del control que se ejecuta desde la recepción de la solicitud.

La diputada ha explicado que hay casos, sobre todo en verano, en los que las viviendas de protección son "dedicadas por sus adjudicatarios al alquiler".

Rado ha calificado de "doloroso" asistir a este tipo de conductas "sobre todo para quienes esperan una vivienda porque tienen verdadera necesidad de ella". La diputada ha puntualizado que el fraude no es generalizado "pero sí se da".

Según la diputada, la legislación es necesaria para que el Govern lleve a cabo "un control exhaustivo, porque se han invertido recursos públicos en esas viviendas, y para transmitir una imagen de transparencia y control por parte de la Administración".

La diputada del grupo mixto Marián Suárez ha pedido "diligencia" en la legislación de este régimen sancionador, para evitar el fraude cuanto antes.

Por su parte, la popular Sandra Morell ha reclamado que la legislación sobre esta materia permita "perseguir todas las formas posibles de fraude posibles" y contemple un "criterio de proporcionalidad en la protección de los derechos" de los adjudicatarios.

Morell ha solicitado que la normativa que efectúe el Govern incluya "principalmente un buen control e inspección" y suponga la creación de "servicio de inspección específico para esta labor y para dar cumplimiento al reglamento sancionador".

La diputada del PP ha explicado que dicha normativa ya existe en comunidades como Andalucía, Comunidad de Madrid, País Vasco y Navarra.

Ha detallado que, por ejemplo en el País Vasco, con un 66 por ciento de viviendas inspeccionadas, se han detectado fraudes que han dado lugar a un millón de euros en sanciones y a la recuperación de medio centenar de viviendas.

En el pleno de hoy, el grupo popular ha planteado una interpelación relativa a la política seguida por el Govern en la liquidación hacia la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera, una vez segregada de la entidad cameral de Mallorca.

El diputado del PP Miquel Àngel Jerez han planteado su discrepancia con los criterios seguidos para dicha liquidación y ha asegurado que el procedimiento ha beneficiado a la Cámara de Comercio de Mallorca, por lo que ha sido "injusto y desproporcionado", y ha pedido que la valoración de bienes se repita por completo.

La consellera de Comercio, Industria y Energía, Francesca Vives, ha asegurado que desde que comenzó el proceso de segregación y se solicitó la mediación del Govern "se han seguido siempre criterios técnicos" con el objetivo de llevar a cabo una valoración "lo más objetiva posible".

Según Vives, se han realizado distintas valoraciones de las propiedades de la Cámara ibicenca, encargadas incluso a empresas externas, y ha habido numerosos intentos de llegar a una solución pactada. Vives ha asegurado que la última valoración, de la empresa privada Tinsa, es de 113.204 euros.

El pleno ha rechazado además -con los votos en contra de PSIB, Bloc y grupo mixto- una moción presentada por el diputado popular José María Rodríguez, instando al Govern a que Gestión Sanitaria de Mallorca (GESMA) anule un procedimiento de licitación del servicio de limpieza, a partir de julio de 2008, y vuelva a convocar el contrato, por considerarlo irregular.