Palma.- El Parlament ha aprobado hoy instar al Gobierno central a aportar hasta 65 millones de euros a diferentes actuaciones en materia de medio ambiente, así como a firmar convenios pendientes con la conselleria del ramo.
Todos los grupos del Parlament balear han dado luz verde a una moción presentada por el PP y referida a los convenios firmados o pendientes de firmar entre la Conselleria de Medio Ambiente y el Gobierno central.
En la moción, que contiene cinco puntos y para la que se ha aprobado varias enmiendas del grupo mixto, se solicita al ejecutivo nacional que pague diversas cantidades pendientes en esta materia.
En concreto, se piden los 15 millones comprometidos este año para la limpieza de torrentes; los 10 millones de la compra de la finca de Planícia (Mallorca) en un plazo de tres meses, y hasta 40 millones para la adquisición esta legislatura de espacios de relevancia ambiental.
En materia de torrentes, el Parlament pide además al Gobierno central que firme un convenio para hacer efectivo el pago de 2009, así como que se rubrique otro para 2010 y 2011.
La moción insta a que el Gobierno central dedique "hasta 40 millones de euros" durante esta legislatura para adquirir espacios de relevancia ambiental, entre ellos las fincas de Ses Feixes de Ibiza y de Ca Marí de Formentera.
Asimismo, demanda al Gobierno central que firme con Baleares un convenio que desarrolle el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Saneamiento y Depuración 2007-2015, especialmente en lo referente a cuatro depuradoras de las islas que se tienen que construir.
Por último, pide que este año se haga efectivo el traspaso al Govern de la gestión del Parque Nacional de Cabrera.
El pleno también ha aprobado por asentimiento otras dos proposiciones no de ley presentadas por el PSOE referentes a la gestión del Puerto de Sant Antoni de Portmany, en Ibiza, y a la creación de un Comité Consultivo de Bioética de las Islas Baleares.
En la primera, se insta al Govern, con el acuerdo del Ayuntamiento, a intervenir en la reordenación de los usos y servicios del puerto de Sant Antoni para garantizar su seguridad.
Según ha expuesto el diputado socialista Joan Boned, esta intervención es "urgente" ya que el puerto ha experimentado un aumento notable en su actividad, se producen en él situaciones de peligro, fondean ilegalmente numerosas embarcaciones, y existen además graves problemas de acceso a la instalación.
La segunda proposición insta al Govern a crear el Comité Consultivo de Bioética y a desarrollar su reglamento de funcionamiento de manera consensuada.
El diputado del PSOE Miquel Gascón ha indicado que este comité perseguirá facilitar la aplicación del conocimiento a los valores de la sociedad, a lo que el representante del Bloc Miquel Àngel Llauger ha apuntado que el comité deberá estar formado por diversos colegios profesionales, por juristas y científicos.
Además, según Llauger, debería ser "racional" y "aconfesional", además de actuar "sin dogmatismos", al tiempo que asesor y no decisivo.
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