Uribe busca en España dinero; los colombianos, refugio

Los refugiados colombianos residentes en España están indignados con los múltiples gestos de consideración recibidos por el último presidente que ha visitado nuestro país. No hablamos de Nicolás Sarkozy, que también ha estado por aquí estos días, sino de Álvaro Uribe, el mandatario colombiano, que esta tarde ha recibido el premio Cortes de Cádiz de manos de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP), por su compromiso con la libertad y la lucha contra el terrorismo en su país.

SUSANA VERA (Reuters)

El presidente colombiano busca apoyos para lograr el TLC de la UE con Colombia.

Arropado por la crème de la crème de la economía española y tras dos maratonianas jornadas reuniéndose con políticos tanto del Gobierno como de la oposición, e incluso el Rey, el mandatario suramericano ha elegido España como primera parada de su gira por Europa para defender su gestión, su compromiso con los derechos humanos, y de paso ganarse apoyos para reforzar acuerdos económicos con la Unión Europea, ahora que sus relaciones con Estados Unidos se tambalean.

En su primer almuerzo de trabajo en España, en el que consiguió reunir a más de 100 personas en el Foro Nueva Economía, Uribe aseguró que Colombia ha "recuperado el monopolio de la justicia" en su país gracias a su política de seguridad democrática y a su programa estrella, la Ley de Justicia y Paz (pdf) para desmovilizar a los paramilitares, a los que supuestamente se han acogido 35.000 combatientes. Lo mismo repetía esta mañana en la Cámara de Comercio ante unos empresarios a los que prometió seguridad en sus inversiones, y que le devolvieron el gesto apoyando otro de sus proyectos más controvertidos: lanzarse a una tercera legislatura (para lo cual tendrá que cambiar la ley por segunda vez).

Esto ha puesto los pelos de punta a muchos activistas y defensores de derechos humanos, que han manifestado su rechazo, no sólo al galardón otorgado al mandatario colombiano, sino a lo que ellos consideran complicidad de los empresarios españoles a una política que atenta contra los derechos humanos. Iván Forero, portavoz de movimientos sociales de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y miembro de la plataforma Justicia Por Colombia, sostiene que diga lo que diga el presidente Uribe, la impunidad es alarmante en Colombia, y que él mismo es "sospechoso de apoyar a las estructuras paramilitares".

Forero recuerda que Uribe, que busca en España e Italia (su próxima parada en Europa) apoyos para que cuando España presida la Unión Europea se pueda firmar el Tratado de Libre Comercio entre la UE y los países andinos, no consiguió firmar el mismo tratado con Estados Unidos, "precisamente por las cláusulas de derechos humanos". Con la salida de George W. Bush, amigo y aliado del colombiano, de la Casa Blanca, y varios escándalos internos que han sacudido Colombia en los últimos meses —parapolítica, DMG, unos supuestos casos de corrupción de sus hijos y, sobre todo, los falsos positivos—, el mandatario está perdiendo poco a poco sus apoyos internacionales. Hoy mismo, el Reino Unido ha confirmado que estudia retirar su apoyo militar a Colombia por estos motivos.

Las organizaciones de derechos humanos piden que las autoridades españolas hagan lo propio. "No podemos permitir que se firmen acuerdos de comercio con el Gobierno que pone en riesgo estos derechos", observa el portavoz de CEAR. Para él, tanto el Gobierno español como los empresarios cometen un grave error no reconociendo que "en Colombia hay un conflicto armado", tal y como sostiene la administración colombiana, que da a entender que el único actor delictivo en el país son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). "Sin esta premisa, no se pueden aplicar las normas internacionales aplicables a los conflictos armados ni se garantiza la seguridad", añade.

Según Amnistía Internacional (AI), "aunque algunos indicadores clave de la violencia relacionada con el conflicto como los secuestros y la toma de rehenes han mejorado en los últimos años, otros como los relativos a las personas desplazadas internamente siguen deteriorándose". Así, Colombia ostenta ya un dramático récord con cuatro millones de desplazados internos.

Amnistía afirma que "todas las partes en conflicto han cometido violaciones sistemáticas de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, pero los paramilitares, en connivencia con el Ejército, son responsables de la mayoría de los homicidios de civiles, las desapariciones y los casos de tortura en los últimos años". Esto ha provocado que cada vez más gente se vea obligada a pedir asilo político.

El problema es que aquí las cosas también se están poniendo feas. Al menos así lo ve Víctor, un abogado colombiano que llegó a España hace 12 años, huyendo de las amenazas de muerte de los paramilitares. Ahora, gran parte de su trabajo se dedica a la tramitación de solicitudes de asilo de sus compatriotas. Según él, las políticas fronterizas se lo están poniendo cada vez más difíciles a las personas que piden refugio en España. "Yo he visto cómo la Policía Nacional rechazaba la solicitud de una persona que venía con un tiro en la espalda", recuerda.

CEAR estima que en la última década han llegado 2.500 personas al año solicitando asilo político —es decir, que en sólo diez años unas 25.000 personas han sido asiladas en España—, menos el año pasado, que la entrada bajo esta modalidad descendió un 70%. Forero asegura que esto "obedece a la política de endurecimiento del derecho de asilo en España, no a que haya cambiado la tendencia" y explica que ahora "mucha gente que no puede acceder al refugio en España, ha salido hacia Ecuador y Venezuela", hasta el punto de que hoy en Ecuador residen cerca de medio millón de refugiados colombianos.

Pero de esto no se habla, se quejan desde CEAR. Forero opina que esto es precisamente "lo que buscan las autoridades". Según su planteamiento, "si tú acoges refugiados, estás reconociendo que en su país de origen se vulneran los derechos humanos" y esto, es "gasolina para el conflicto colombiano", argumenta, ya que así, el Gobierno español está obviando lo que de verdad está ocurriendo en Colombia.