España ante Colombia: palmadita en la espalda o bofetada

¿Tiene Colombia un problema de terrorismo? En estos tiempos que corren, la mejor respuesta es un arqueo de cejas. La mayor parte de la comunidad internacional se ha convencido de que lo que tiene Colombia es un problema de terrorismo y que la marabunta confusa de uniformes caquis, trajes de camuflaje y armas que vemos cuando ponemos las noticias forma parte de su particular "guerra contra el terror". Otros discrepan. Entre los disidentes de pensamiento, Amnistía Internacional (AI), que advierte de los peligros de hablar de guerra contra el terrorismo —término que se lanzó al estrellato después del 11-S— cuando lo que hay es un conflicto armado. Defienden y argumentan estas afirmaciones en 'Déjennos es paz', un informe que profundiza en los entresijos de la guerra en Colombia hoy en día, y que asesta una bofetada en la cara bonita que nos han vendido acerca de las mejoras en los derechos humanos en este país en los últimos años.

(REUTERS)

Hablamos con Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia y uno de los redactores del texto, que nos explica que los esfuerzos del Gobierno por eludir hablar de un conflicto armado en el país no son nuevos. "La mayor parte de los presidentes colombianos ha intentado camuflar el conflicto armado, no llamarlo así y distraer la atención de ese término, asegurando que se trataba de la guerra contra el narcotráfico", señala. Eso sí, la eliminación de la palabra guerra al hablar de Colombia se debe, según él, al presidente actual, Álvaro Uribe, que "ha hecho una campaña muy fuerte por convencer a la comunidad internacional de que no existe un conflicto armado y que es una guerra contra el terror".

Entonces, ¿qué ocurre cuando el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla de la "solidaridad", el "compromiso" y el "respaldo incondicional" de España con la política de "seguridad desde la democracia" de Uribe para acabar con el terrorismo? Para Pollack, aunque el Gobierno español sigue siendo "uno de los actores importantes en la defensa de los derechos humanos en Colombia", condenando los asesinatos de sindicalistas y activistas por la paz, y dando refugio a los amenazados por el conflicto, "sus posiciones hacia el Gobierno colombiano son muy débiles". De hecho, el investigador de AI cree que España debería tener "una actitud honesta hacia lo que pasa en Colombia".

El director de AI en España, Esteban Beltrán, quiere que el Gobierno español "facilite y no bloquee" en la Unión Europea el examen que Colombia hará en diciembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya que, según la organización, Colombia debería estar entre las naciones con "gravísimas violaciones de los derechos humanos".

Si hablamos de derechos humanos en Colombia, no se puede dejar de mencionar al presidente George Bush, gran aliado del país suramericano, que ha colaborado con el Gobierno de Uribe entregándole 4.000 millones en ayudas. ¿El problema? Que la mayor parte de esas ayudas estaba destinada a presupuesto militar. AI cree que Estados Unidos, entre otros países, debería suspender la ayuda militar a Colombia "hasta que contenga un aumento en las muertes de civiles cometidas por las fuerzas de seguridad y atienda otras recomendaciones de la ONU para terminar con el prolongado conflicto armado en el país".

Las FARC, ¿el único actor del conflicto?

El gran problema de la reducción del conflicto colombiano a un problema de terrorismo es que de esta forma no se están teniendo en cuenta los delitos cometidos por grupos paramilitares y, sobre todo "los abusos cometidos directamente por la fuerza pública". Pollack denuncia que, además de la guerrilla, las autoridades se suman a las actividades delictivas del país, sobre todo realizando "ejecuciones extrajudiciales" con el objetivo de "hacer pasar a civiles por guerrilleros". La cosa se ha puesto tan caliente que "hace unos días Uribe se ha visto obligado a reconocerlo a raíz de unas revelaciones del asesinato de unos jóvenes activistas sociales de Soacha, un barrio popular de Bogotá, cuyos cuerpos se encontraron al norte de Santander", relata el investigador de Amnistía, recordando un episodio reciente de "limpieza social" en Colombia. "Fue algo tan obvio y tan degradante que el Gobierno ha tenido que reconocer públicamente lo que ha pasado", añade.

Pollack reconoce que en estos últimos años se ha notado una mejora en la seguridad urbana y en algunas vías de comunicación. Sin embargo, su organización ha detectado que en las zonas rurales la situación de los derechos humanos ha empeorado si cabe. "Ha crecido el número de desplazados, las ejecuciones extrajudiciales y han aumentado los asesinatos de sindicalistas y defensores de derechos humanos", afirma. Según los datos revelados por AI, "en la primera mitad de 2008 han sufrido desplazamiento forzado unas 270.000 personas, un 41% más que en el mismo periodo de 2007 y crecieron las muertes violentas". Lo más curioso es que un gran porcentaje de estos delitos no fueron cometidos por las FARC —lo que no les exime de ninguna culpa— como comúnmente se cree. Al menos así consta en los datos de AI. De acuerdo con el informe, "en 2007, de los casos en los que se conoce a los autores, los paramilitares fueron responsables del homicidio de al menos 300 civiles; las fuerzas de seguridad, de unos 330; y los grupos guerrilleros, de aproximadamente 260. Los alrededor de 500 homicidios restantes no pudieron atribuirse a ningún grupo específico".

Esto nos lleva directamente a otro punto crucial del estudio de Amnistía: los paramilitares siguen existiendo, a pesar de que el Ejecutivo colombiano lo niegue rotundamente. La organización está convencida de que estos grupos siguen operando en el país. "Decir que el agresor no existe es una locura. No se le puede decir a las víctimas que el autor de su agresión no existe", asegura Pollack. De hecho, el gran problema, aparte de los problemas internos con los que se encuentran las víctimas a la hora de ser atendidas por las instituciones públicas, es que sin una definición de estos grupos como paramilitares, no se les puede aplicar el derecho internacional humanitario. "Sin reconocer que en Colombia hay un conflicto armado, no se pueden aplicar los mecanismos legales que se deberían aplicar en un conflicto armado", resalta el investigador.

En este sentido, el director de AI en España sostiene que "la raíz del conflicto está en la impunidad". De acuerdo con el informe, sólo un 10% de los más de 31.000 paramilitares que, según el Gobierno, han sido desmovilizados han podido acogerse al proceso de 'Justicia y Paz' que les concede beneficios judiciales a cambio de confesiones sobre su participación en violaciones de derechos humanos. Esto quiere decir que aunque para las autoridades nieguen su existencia, cerca de 28.000 miembros de los grupos paramilitares siguen siendo una parte activa y perpetuando la guerra que golpea a la nación colombiana desde hace décadas.