Bruselas.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido hoy posponer el debate sobre la legalidad del puerto industrial de Granadilla de Abona, en Tenerife, hasta que el procedimiento abierto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias -que ha supuesto la paralización de las obras- termine su curso.
En la imagen de archivo, Pedro Anatael Meneses, en representanción de la Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
De este modo, la petición presentada por la "Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla" seguirá abierta y podrá ser discutida una vez que el tribunal canario dicte sentencia.
La portavoz de esta asociación, Beatriz González, ha detallado ante el citado órgano parlamentario europeo el "fraude científico" y la "manipulación" que, a su juicio, rodean este proyecto.
De hecho, ha recordado la ecologista, las obras están paralizadas porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido cautelarmente la orden de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias que excluía del catálogo de especies amenazadas los sebadales afectados por la construcción del puerto.
González ha añadido que los irreversibles daños medioambientales que provocará esta infraestructura no han sido correctamente evaluados, dado que el Observatorio Medioambiental que analiza este proyecto "no tiene independencia" y "está subordinado al poder político".
A este respecto, los técnicos comunitarios han alegado que el procedimiento seguido por las autoridades españolas para nombrar al vocal de este Observatorio se ha realizado "de manera adecuada".
Sin embargo, la portavoz ha criticado también "la falta de rigor y la superficialidad" del informe emitido por la Comisión Europea al respecto.
Por ello, ha instado al Ejecutivo comunitario a que revise su dictamen favorable de 2006 dado que "la información facilitada por las autoridades españolas que sirvieron de base para ese informe es fraudulenta".
En este sentido, el eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, ha lamentado el "ridículo espantoso" que ha hecho el Ejecutivo comunitario, ya que, según ha dicho, un juez canario ha sido "más valiente" a la hora de aplicar la legislación comunitaria que la propia Comisión Europea, "acobardada".
El parlamentario también ha arremetido contra la posibilidad de que la Comisión Europea cofinancie este proyecto mediante el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), un asunto que los técnicos comunitarios no han confirmado porque la solicitud "aún se está instruyendo", han indicado.
Después de escuchar los argumentos de las partes, la comisión de Peticiones ha decidido dejar la petición abierta y esperar a que el caso abierto se decida en el tribunal canario, si bien ha instado a la Comisión Europea a que siga estudiando este proyecto.
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