Santa Cruz de Tenerife.- El Gobierno de Canarias criticó hoy a "los responsables de alentar con un doble lenguaje" a quienes desarrollan "un cómodo ejercicio de fundamentalismo para imponer la voluntad de una minoría y causar el perjuicio de la mayoría", en relación con el puerto de Granadilla de Abona.
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno regional, Domingo Berriel, durante una de sus intervenciones en el pleno celebrado hoy en el Parlamento de Canarias.
Así lo manifestó el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en el Parlamento regional, en el que aseguró que el proyecto de puerto en Granadilla ha sido sometido a los requisitos y controles ambientales más rigurosos conocidos hasta la fecha no sólo en Canarias o el resto de España, sino en la Unión Europea (UE).
Asimismo Berriel anunció que el Gobierno regional y la Abogacía del Estado, en representación de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, han interpuesto hoy un recurso de súplica contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que mantiene la suspensión cautelar de la orden que descataloga la protección del sebadal afectado por la construcción del puerto.
Apuntó que "sin ambages, ni mensajes contradictorios ni demagogia" el Gobierno canario defenderá "la competitividad" de las islas, dijo que "sin la menor duda" el Gobierno regional garantizará "el menor coste ambiental" del proyecto y apuntó que "no se trata de aplanar el Teide para hacer un aeropuerto".
Sin embargo el portavoz del grupo Socialista, Santiago Pérez, atribuyó al consejero "una responsabilidad importante" en el auto del TSJC porque la orden suspendida "era una mera vestimenta procedimental para una decisión tomada de antemano".
Las cosas "no se hacen como sea" en una sociedad democrática, dijo Pérez, quien aseguró que el Gobierno regional "demoniza" a los ciudadanos que defienden sus derechos y se ve al Ejecutivo "incómodo y acechante en el camino".
Añadió el portavoz socialista que su partido no ha discutido "nunca" la conveniencia de construir un puerto en Granadilla y de hecho dio cobertura legal a que el Estado participase en su financiación, pero entiende que también debe hacerse "con rigor" el análisis de su coste medioambiental.
A su juicio, se van "desmoronando" los argumentos utilizados por el Gobierno regional para avalar la construcción del puerto "y no vale atrincherarse detrás de la crisis", pidió estudiar alternativas "para apurar todas las garantías" y reclamó que no se "desdeñen" los argumentos esgrimidos por la comunidad científica.
Consideró Pérez que en este asunto "es mucho más difícil" la posición del PSC, que exige "rigor y consenso" y no funcionar "con eslóganes", y se preguntó si el Gobierno estaría dispuesto a hacer un informe sobre la regresión de los sebadales en veinte años vista la planificación de puertos deportivos e instalaciones de acuicultura.
El consejero Domingo Berriel replicó que el Gobierno hará estudios sobre "todos los sebadales" canarios y a su vez preguntó al portavoz socialista si está "a favor o no de que se haga el puerto de Granadilla, si quiere que se empiece a estudiar de nuevo dónde se instala y a hacer informes medioambientales, porque entonces no lo vamos a ver ni usted ni yo".
Destacó que el expediente para descatalogar al sebadal se sometió a información pública "con la mayor transparencia" y recordó que el proyecto ha sido declarado de interés público de primer orden "por su imperiosa necesidad".
"El desarrollo del sistema portuario de Tenerife ha recibido el mayor consenso institucional como acreditan los acuerdos del Parlamento, el Cabildo de la isla y los agentes sociales y económicos y en la orden de descatalogación del sebadal no ha faltado rigor ni ponderación", dijo Berriel.
La eventual desaparición del 1,26 por ciento del sebadal no implica riesgo para la especie y en todo caso esto sería un problema local y no ocasionaría "un daño irreversible", manifestó el consejero.
El diputado del grupo Popular Manuel Fernández afirmó que no ha visto ningún proyecto de infraestructura con más aval oficial que el puerto de Granadilla y se preguntó "quién se opone y por qué pone tantas piedras", salvo "un grupo ecologista, un partido que no sé si queda algo, como IUC, y algún socialista suelto".
"Ante esto todas las instituciones del Estado están rendidas. Si llegamos a hacer caso hoy no tendríamos el aeropuerto del sur y el turismo de Tenerife sería menos que el de Fuerteventura", apostilló Fernández, quien aseguró que ya quisieran otras regiones tener este proyecto en perspectiva ante la situación de crisis.
Además consideró que con la manifestación convocada para el sábado "se está tergiversando la realidad y jugando con las cosas de comer de cientos de familias", por lo que abogó por "vencer lo antes posible el impedimento legal" porque de lo contrario "dentro de 15 o 20 años seremos responsables de habernos acobardado".
El diputado de Coalición Canaria José Miguel González se cuestionó "cómo a estas horas todavía hay alguien contrapuesto al puerto de Granadilla" y advirtió de que frente al beneficio de establecer un centro logístico en el Atlántico, se decide "en contra de toda racionalidad que el problema es que afecta a una especie".
"O aplicamos el cerebro o esta comunidad no avanza. El puerto es una necesidad para sobrevivir y no hay que dejarse llevar por cantos de sirena de mentes no implicadas en el mundo económico porque tienen su vida garantizada de otra manera", afirmó González.
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