Valencia.- La consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, ha declarado hoy que la Fiscalía debería actuar de oficio para esclarecer el supuesto empadronamiento ilícito de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en Beneixida (Valencia), población por la que concurría en las elecciones 2008.
La consellera de Justicia, Paula Sánchez de León. EFE/Archivo
Sánchez de León ha afirmado que "parece que hay indicios de que existe una posibilidad de empadronamiento ilícito" por parte de De la Vega y que, en este caso y "a diferencia de lo que ha ocurrido en otros", la Oficina del Censo no lo ha comunicado a la Fiscalía.
Preguntada por los medios, la consellera, que ha analizado en rueda de prensa la política de creación de juzgados del Gobierno central, ha considerado que "habría que plantearse que sea la propia Fiscalía la que debería actuar de oficio para esclarecer los hechos, cosa que de momento no ha hecho".
El Juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid desestimó recientemente la demanda que la vicepresidenta interpuso contra el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, por acusarla en 2007 de haberse empadronado en Beneixida, población por la que concurría en las siguientes elecciones, "en secreto" y "en silencio".
No obstante, De la Vega ha anunciado que recurrirá el auto, ya que considera, como defendía en su demanda, que las declaraciones de González Pons son "injuriosas y falsas" y que éstas suponen una intromisión ilegítima en su derecho al honor.
El dirigente del PP afirmó a los medios de comunicación el 7 de diciembre de 2007 que De la Vega se había empadronado en Beneixida (Valencia), población por la que concurría en las siguientes elecciones, "en secreto" y "en silencio" y habló de un "empadronamiento trampa", además de aludir a un enriquecimiento económico por la venta de unos terrenos de su familia.
Por su parte, la Oficina del Censo Electoral sostiene que la vicepresidenta quedó inscrita en el censo electoral de Beneixida para las elecciones generales de marzo de 2008 en función de la resolución interpretativa de enero de ese mismo año, mientras que González Pons asegura que esa resolución interpretativa no fue publicada nunca.
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