Madrid.- La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, ha afirmado hoy que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega votó en Valencia en las generales de 2008 "de acuerdo con la más estricta legalidad", algo que el PP rebate, por lo que ha pedido su dimisión.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a su llegada hoy el Congreso de los Diputados para asistir al pleno de la Cámara Baja el pasado 25 de marzo. EFE/Archivo
El diputado popular por Valencia Esteban González Pons, también vicesecretario de Comunicación del partido, ha preguntado hoy a la ministra en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso, por las circunstancias en las que De la Vega ejerció su derecho al voto en Valencia, en las generales del año pasado.
González Pons ha declarado que la vicepresidenta pudo votar en Valencia "fuera de plazo", ya que se había empadronado tarde, y a su entender así lo prueba una resolución de la Oficina del Censo Electoral.
Resolución que, según ha subrayado Pons, no se dio a conocer, por lo que al final la número dos del Gobierno "pudo votar en secreto y por 'lo bajini'".
Ha añadido el dirigente del PP que, mientras cualquier ciudadano, en la misma tesitura, tendría que haber acudido al juez de primera instancia, la vicepresidenta no lo hizo porque "no es una ciudadana cualquiera", y además "se vio beneficiada por dos decisiones ilegales".
Primero, una disposición interpretativa del censo que "cambió el criterio" con el que se han celebrado 50 procesos electorales y de cuya existencia no supo la Junta Electoral Central (JEC), y segundo, un acto administrativo estimatorio que sustituyó otro desestimatorio sobre el derecho al voto de la vicepresidenta en Valencia.
Pons, por tanto, ha sentenciado: "La vicepresidenta ha vivido y vive en Madrid; si participó en las decisiones que le permitieron votar en Valencia, debe dimitir".
La ministra de Administraciones Públicas ha destacado que la legalidad del voto de la vicepresidenta está avalada por la JEC y por la Oficina del Censo Electoral "sin que nadie lo impugnara" en su momento.
Por ello, ha expresado su extrañeza por las protestas ahora del PP. "En vez de sembrar dudas sobre personas, instituciones y procedimientos democráticos, dirijan sus energías a arrojar luz sobre zonas oscuras de las actuaciones de algunos de sus dirigentes", ha apostillado.
Salgado ha insistido en que la incorporación al censo en Valencia de la vicepresidenta es "legal y de justicia", pues así lo han certificado los tribunales.
Para zanjar el debate, Salgado ha asegurado que mientras el Ejecutivo da explicaciones, el PP, donde gobierna, "hace el paripé en las comisiones de investigación cuando les perjudican y responsabilizan a jueces, policías y funcionarios".
"Dejen de enredar; se acaba su crédito ante los ciudadanos. Me pregunto si por esa razón alguno de sus dirigentes paga siempre en metálico", ha concluido.
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