Un texto para una Bolivia plurinacional, autonómica y de economía "estatista"

La Paz.-  Más de 3,8 millones de bolivianos están llamados a las urnas el 25 de enero para decidir si se dotan o no de una nueva Constitución que propone un estado plurinacional, autonómico y de economía "estatista".

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Como le gusta repetir al presidente Evo Morales, será la primera vez en la historia de Bolivia que un texto constitucional se somete "al voto del pueblo".

Desde que el propio Simón Bolívar, en 1825, promulgara la primera Carta Magna del país, Bolivia ha tenido quince textos constitucionales.

La nueva Constitución impulsada por Evo Morales propone una "refundación" de Bolivia inspirada en los principios de unidad e igualdad, pero con la vocación de integrar la diversidad étnica, cultural y territorial que caracteriza al país.

Así, "Bolivia se constituye en un estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías", según establece el primer artículo de los 411 que integran el proyecto de Carta Magna.

Orientado a la integración de los pueblos indígenas o "naciones originarias", el texto garantiza "su libre determinación en el marco de la unidad del Estado" y les asegura representación en instituciones como la Asamblea Legislativa Plurinacional (que sustituirá al actual Congreso) o en el Tribunal Constitucional.

El texto también recoge la demanda autonómica de varios departamentos del país, aunque no en el grado que reivindican los opositores regionales a Morales, que han sido los más firmes defensores del "no" a este texto durante la campaña del referendo.

El proyecto establece cuatro niveles de autonomía: departamental (con 36 competencias exclusivas), regional, municipal e indígena, y obliga a la aprobación de una Ley de Autonomías y Descentralización que regulará la elaboración de los distintos estatutos autonómicos.

En materia económica, el Estado se convierte en el "actor central" de un modelo donde todas las formas de organización económica tienen la obligación de generar "trabajo digno" y contribuir a la reducción de la desigualdad y erradicación de la pobreza.

Con esta Constitución, los recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, "son propiedad del pueblo boliviano y el Estado los administrará en función de interés colectivo", por lo que el Estado asumirá el control, la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos estratégicos.

Una de las "virtudes" del proyecto -reconocida hasta por algunos de sus detractores- es su amplia carta de derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales y económicos.

Destacan en este capítulo las garantías contra la violencia de género, los derechos educativos, sanitarios o los que consagran el acceso universal de servicios básicos como el agua, la electricidad, el gas o las telecomunicaciones, entre otros.

También se garantiza el derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado y, entre otros, se prohíbe en territorio boliviano el ingreso, tránsito y depósito de residuos nucleares y desechos tóxicos.

La propuesta incluye novedades respecto a anteriores constituciones en cuestiones como la religión, de manera que la Católica deja de tener la consideración de culto oficial del país.

El texto legal recoge la llamada "demanda marítima" donde el estado boliviano "declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le de acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo" en relación al litoral que perdió en una guerra con Chile a finales del siglo XIX.

Otra de las novedades es que Bolivia se declara un estado pacifista y prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en su territorio.

Y la coca, la hoja sagrada del mundo altiplánico, también tiene su sitio en la nueva Constitución ya que el Estado debe protegerla como "patrimonio cultural" y "factor de cohesión social", según un artículo que recuerda que "en su estado natural no es estupefaciente".

En la consulta del próximo domingo los bolivianos deberán decidir por un lado sobre todo el texto constitucional y además dirimir, en otra pregunta, el espinoso asunto del tamaño de los latifundios improductivos, asunto que quedó sin acuerdo en la Asamblea Constituyente.

En concreto, se consulta a los bolivianos sobre la superficie mínima (5.000 o 10.000 hectáreas) que debe tener un latifundio improductivo para ser expropiado por el Estado.