La oposición pide verbalmente la dimisión de Azkarate por el caso Guggenheim

Vitoria.-  El PSE-EE, PP y EKAH, toda la oposición en el Parlamento Vasco menos Aralar, han solicitado hoy verbalmente en el pleno del Parlamento a la consejera de Cultura del Gobierno de Vitoria, Miren Azkarate, que dimita por su responsabilidad en el "caso Guggenheim".

La petición no se ha plasmado por escrito. En cambio, sí se ha aprobado por la Cámara un mandato para que se proceda a la renovación de los miembros de los consejos de administración de las sociedades del museo, de las que es presidenta la consejera.

Esta ha sido una de las conclusiones del pleno del Parlamento Vasco que ha aprobado el dictamen de la comisión que ha investigado el desfalco de más de medio millón de euros realizado por el ex director financiero del Museo, Roberto Cearsolo, y la pérdida de varios millones por la compra de dólares entre 2002 y 2005 que iban a ser usados para comprar arte y la posterior depreciación de la divisa norteamericana respecto al euro.

El dictamen de la comisión investigadora ha contado con el apoyo de todos los grupos, excepto del PNV y de EB. Su tercer socio en el Gobierno Vasco, Eusko Alkartasuna, también lo ha apoyado.

En el texto se apunta como máximo responsable de lo sucedido al director del museo, Juan Ignacio Vidarte, y también se citan como responsables, por "falta de control", a los miembros de los consejos de administración de las sociedades Tenedora e Inmobiliaria del Guggenheim, entre ellos a su presidenta, la consejera Azkarate.

A través de votos particulares, con los votos de socialistas, populares y Aralar, se ha aprobado una propuesta del PP en la que se insta a las instituciones a que, de forma inmediata, procedan a la renovación de los miembros de los consejos de administración de las sociedades, de las que es integrante la consejera.

En el otro voto particular aprobado, el Parlamento ha elevado de seis millones a 8,3 las pérdidas del museo en la operación de compra de dólares.

Durante el debate, el PNV ha respaldado por completo a Azkarate. Su portavoz, Leire Corrales, ha calificado el trabajo de la comisión de investigación como un "juicio sumarísimo" y ha acusado a este grupo de trabajo de haber escrito sus conclusiones antes de iniciar sus sesiones.

Desde la oposición, Isabel Celaá (PSE-EE) ha criticado la actitud "desafiante e injuriosa" de los últimos días de la consejera Azkarate hacia el Parlamento lo que, a su juicio, "le incapacita para seguir siendo consejera y portavoz del Gobierno".

Carmelo Barrio (PP) ha pedido a Azkarate que "renuncie a sus cargos" por un caso en el que ha habido una "clamorosa ausencia de control" de dinero público.

El otro grupo que ha pedido la dimisión de la consejera en sus intervenciones, ya que de manera formal u oficial sólo se puede hacer a través de una moción de censura, ha sido el PCTV-EHAK.

Al acabar el pleno, Miren Azkarate, ha asegurado que ni por el "clima" que ha percibido ni por la "actitud" del lehendakari y del resto de miembros del Gobierno, así como por las muestras de apoyo recibidas nada "me hace pensar que tenga motivos para presentar la dimisión".

Por lo que respecta a la asunción de responsabilidades, Azkarate ha señalado que tanto ella como el director del Museo Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte, asumieron que los controles "no habían funcionado" y que la operación de compra de dólares no había sido "afortunada".

Menos polémica ha habido en la investigación sobre las irregularidades detectadas en torno al futuro museo de Balenciaga, ya que el pleno del Parlamento Vasco ha aprobado el dictamen de la Comisión por unanimidad.

La Comisión analizó las irregularidades en la gestión del futuro museo del modisto, la desaparición de piezas y el incremento del coste del mismo.

En sus conclusiones, el dictamen establece la primera responsabilidad en el ex alcalde de Getaria Mariano Camio (PNV), por su "administración desleal" en la Fundación Balenciaga.

Se le acusa a Camio de ocultación del presupuesto real y de contratos, de falsificación documental, de sobrepagos de solapamiento de contratos y de ocultación sistemática de información.

La Comisión ha constatado que la consejera de Cultura, Miren Azkarate, ya asumió ante la Comisión su "responsabilidad política" en todo el proceso.