La mercantilización: una bestia negra, pero... ¿real o imaginaria?

El planteamiento de este reportaje surge de la intención de hacer algo de autocrítica. ¿Qué han echado de menos en la cobertura de los medios sobre el proceso de Bolonia los estudiantes que protestan contra él? Víctor, uno de los miembros de la Asamblea de la facultad de Filosofía más veteranos en el activismo, lo tiene claro: la mercantilización de la universidad, esa bestia negra que ven en el proceso de Bolonia, no es un "temor", como repetimos los medios de comunicación, sino una "realidad". Son conscientes de que no tienen la ventaja de ser un argumento de autoridad como cualquiera de los cargos del Ministerio de Innovación y Ciencia o alguna de las autoridades universitarias, pero se plantean si es necesario que la ministra salga "vestida de bruja" para que se les crea.

Una estudiante pasa por delante de una pintada contra Bolonia.

Para demostrarlo, nos han invitado a que echemos un vistazo a algunos textos legales que han estudiado durante sus encierros 'a la japonesa' en los que multiplicaban su actividad. La idea es que nosotros mismos busquemos las sentencias que prueban que la "mercantilización" de la universidad no es un fantasma que sólo ellos ven. Estos son los frutos de una primera inmersión en las profundidades de estos documentos administrativos y legales. Seguiremos investigando.

La universidad como motor de crecimiento

La idea básica de Bolonia es que, bajo el proceso de cambio, existe la intención de crear una universidad que esté al servicio de la sociedad. ¿Qué significa esto? Según los estudiantes, el mensaje que se trata de transmitir es que la educación superior no ha estado lo suficientemente volcada en el tejido económico y que debe empezar a convertirse en el motor de crecimiento. ¿Y quién lo orquesta? Las empresas. Resumiendo, Bolonia significa poner la universidad pública al servicio de la actividad empresarial.

La Declaración de Bolonia, embrión del proyecto de transformación, ya hacía alusión a un reforzamiento de la Europa del conocimiento como principal valor del desarrollo del continente. Más tarde, la llamada 'Estrategia de Lisboa' (la hoja de ruta económica de la Unión Europea) ahondaría más en la necesidad de que la educación superior estuviera orientada a fomentar el I+D+i [extracto de la Declaración de Lisboa]:

La principal misión de las universidades europeas es preparar a los jóvenes y adultos para su papel en la sociedad del conocimiento, en la cual el desarrollo económico, social y cultural depende sobre todo de la creación y de la transmisión del conocimiento y las habilidades (...) Las universidades deben y quieren contribuir a alcanzar los objetivos de innovación establecidos en la agenda de Lisboa.

El Consejo de Europa también hizo hincapié en 2005 en el conocimiento, la innovación y la optimización del capital humano para lograr los objetivos de crecimiento y empleo. En este sentido, afirmaban que las universidades deben cooperar con la industria [Resolución del Consejo].

En una economía y una sociedad basadas en el conocimiento, la educación superior debe verse en estrecha conexión con la investigación y la innovación.

Para los alumnos encerrados en las universidades, este cambio en la concepción convierte la universidad en un lugar utilitarista, una mera fábrica de profesionales orientados al I+D+i, cuya actividad futura favorecerá principalmente a las empresas y estará determinada por sus necesidades. Además, opinan que el cambio dinamita el componente académico y teórico de la educación superior y que pone en peligro la transmisión de conocimientos.

Sobre la introducción de financiación privada en la universidad:

Encierro de alumnos en la facultad de Filosofía de la Complutense.

El Ministerio de Ciencia e Innovación, del que ahora depende la educación universitaria, ha reiterado en varias ocasiones su intención de aumentar el presupuesto que se destina a las universidades. "¿Pero cómo? ¿Y a qué precio?", se preguntan los estudiantes.

Este comportamiento difiere del que, en estos mismos años, han registrado muchos de los países a los que queremos emular, que han aumentado la financiación privada sin que ello haya supuesto una reducción de la financiación pública y, en consecuencia, han mejorado la posición financiera de sus instituciones universitarias. No obstante, debemos señalar que la mayoría de estos ingresos llevan asociados, como contrapartida, la prestación de algunos servicios y que los márgenes que quedan para la universidad una vez prestados no suelen ser muy importantes.

Esta observación aparece en un extracto del informe 'Financiación del Sistema Universitario Español' de la Comisión de financiación del Consejo de Coordinación Universitaria del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Sobre la presencia de agentes privados en la universidad:

El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la universidad, y debe ejercer como elemento de interrelación entre la sociedad y la universidad. (...) Corresponde al Consejo Social la supervisión de las actividades de carácter económico de la universidad y del rendimiento de sus servicios y promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la universidad.

Esto es lo que dice la actual Ley Orgánica de Universidades (cuya derogación exigen los estudiantes) sobre el Consejo Social, el órgano de enlace entre la universidad y la sociedad. Aunque creado ya en la primera ley de Educación del PSOE en 1982, paulatinamente, ha ido atribuyéndose más competencias. En la actualidad, la aprobación de los presupuestos depende de él. Además, tiene la potestad de conceder complementos retributivos a docentes cuya actividad consideren de mayor interés.

Los estudiantes que se oponen a Bolonia ven un enorme motivo de inquietud en la composición de miembros que suele configurarse. Aunque siempre se incluyen representantes de los sindicatos y de la comunidad universitaria, los intereses empresariales están muy presentes. Un ejemplo de ello sería el Consejo de la Universidad Complutense, con dos miembros de dos farmacéuticas, otros dos procedentes de Caja Madrid, uno de Telefónica y otro de la aseguradora MAPFRE. César Alierta, presidente de Telefónica, preside el Consejo Social de la UNED