Vicente garantiza que la reforma de las carreteras no supone privatización ni despidos

Zaragoza.-  El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Alfonso Vicente, aseguró hoy que la reforma integral de 1.500 kilómetros de la red estructurante de carreteras autonómicas mediante un sistema de concesión no supone una privatización y ningún funcionario "irá a la calle" por su aplicación.

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(EFE)

El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Alfonso Vicente.

Así lo ha subrayado hoy durante su comparecencia en la Comisión de Obras Públicas de las Cortes para explicar a petición de IU ese proyecto, cuyo coste final Vicente no pudo precisar porque dependerá de las adjudicaciones y cuyas ventajas residen, dijo, en el incremento de la seguridad vial y en que se adelantan las obras entre 10 y 12 años.

Recordó que el proyecto, por el sistema concesional, que es "perfectamente legal", prevé la reforma integral de 1.500 kilómetros de vías y que las obras podrían empezar en 2011 y estar acabadas en 2013 con una inversión de 650 millones de euros, 400 para las obras y 250 para el mantenimiento de las carreteras.

Las empresas adjudicatarias asumirán el proyecto y el acondicionamiento de las carreteras, así como su posterior mantenimiento durante un periodo de veinticinco años.

Durante este plazo, la empresa está obligada a realizar tareas ordinarias y extraordinarias de mantenimiento de la red viaria, que se ha dividido, para su adjudicación, en ocho sectores diferentes (tres en Zaragoza, tres en Huesca y dos en Teruel) que reordenan el espacio y facilitan la ejecución final de la actuación.

Las adjudicatarias recibirán del Gobierno de Aragón un canon variable que dependerá del tránsito que haya por las carreteras y el estado de las vías.

Sin embargo, el diputado de IU, Adolfo Barrena, opinó que la fórmula de concesión, aunque legal, ni es la mejor ni la más rentable, dudó de que el objetivo sea beneficiar a los usuarios y no "correr a proteger" a las empresas del sector y estimó que supone una hipoteca de futuro, con el pago de un canon que se irá revisando anualmente, ironizó, "con criterios sociales".

Además, expresó su preocupación por el empleo de quienes hoy se encargan del mantenimiento de las carreteras y por el coste real del proyecto, a su juicio más caro que recurrir a deuda pública.

Por su parte, el diputado de CHA Bizén Fuster consideró que este plan, además de suponer una experiencia única en Europa, porque privatiza dos terceras partes de las red de carreteras autonómicas, representa ventajas "innegables" para las empresas pero sobre todo al actual Gobierno de Aragón, porque hasta 2012 no se aporta financiación, aunque al final de los 25 años de ejecución habrá costado más dinero a las arcas de la comunidad.

Antonio Torres, del PP, además de reclamar el informe del Ministerio de Economía, que es preceptivo, hizo hincapié en que si algo demuestra este plan es el "flagrante incumplimiento" del plan general de carreteras 2004-2013, se preguntó cuál va a ser el coste en los presupuestos de Aragón a partir de 2011 e incidió en que sí va a representar un precio para los usuarios, no a través de un peaje pero sí en forma de impuestos.

El aragonesista Miguel Ferrer alabó el sistema escogido para poner en marcha el proyecto y afirmó que lo único que se puede achacar al Gobierno es no haberlo hecho antes, mientras que Ricardo Berdié (PSOE) recalcó que es "de cajón" que los beneficiarios serán los usuarios.