Comisión DD.HH. de Parlasur se desliga de polémico viaje de su presidenta

Montevideo.-  La Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Parlamento del Mercosur se desligó hoy oficialmente del polémico viaje que su presidenta, Adriana Peña, hizo a Venezuela para indagar sobre las inhabilitaciones políticas realizadas en ese país.

En una declaración firmada, la CDH, reunida este martes en Montevideo (sede del Mercosur), subraya "su total y profundo rechazo a prácticas que aparten a la Comisión de sus propósitos y objetivos", y de la actitud de cualquier miembro "que erosione su neutralidad y objetividad".

La declaración aparece también firmada por la propia Peña, quien hasta la reunión de hoy había insistido en que su viaje de principios de agosto, aunque fue a título personal, trataba de recabar información sobre posibles violaciones de los derechos políticos de los inhabilitados.

En la declaración se pide expresamente que se "deslinden las actuaciones de cualquier miembro de la Comisión, incluida su presidenta, la parlamentaria Adriana Peña, sobre actuaciones individuales ocurridas en la República Bolivariana de Venezuela, que la Comisión a la fecha no evaluó colectivamente".

Sin embargo, la CDH del Parlasur decidió hoy aplazar su pronunciamiento expreso sobre las propias inhabilitaciones políticas con el objetivo de ampliar las consultas.

Según dijo a la prensa Peña, ese organismo no pudo alcanzar ninguna decisión al respecto por falta de acuerdo entre sus miembros y postergará tal paso hasta próximas reuniones.

La denuncia sobre las inhabilitaciones políticas decretadas en Venezuela había sido presentada por Leopoldo López, alcalde de uno de los municipios de Caracas que aspiraba a la Alcaldía general de la capital venezolana antes de que fuera él mismo inhabilitado.

López se declaró hoy en Montevideo una "víctima de la injusticia" y de un "atropello" y acusó al Gobierno venezolano de querer retirar de la batalla política a quienes suponen "una alternativa de futuro".

Las inhabilitaciones de 272 cargos políticos para las elecciones municipales y regionales de noviembre próximo fueron avaladas a principios de agosto por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, tras ser decididas por la Contraloría de ese país en base a un ley contra atentados al patrimonio público aprobada en 2001.

López alega, sin embargo, que la Constitución exige que haya sentencia firme por corrupción para inhabilitar, lo que no es su caso.

Adriana Peña, del opositor Partido Nacional uruguayo, viajó hace dos semanas a Venezuela para hablar con algunos de los afectados y con la propia Contraloría venezolana, pero no fue recibida por las instituciones públicas y el Gobierno del presidente Hugo Chávez la acusó de injerencia.

En una rueda de prensa celebrada hoy en la Embajada venezolana en Montevideo, el jefe de la delegación de Venezuela ante el Parlasur y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de su país, el socialista Saúl Ortega, manifestó su satisfacción por la declaración.

Ortega subrayó que había habido "una manipulación de la prensa" por parte de López y otros inhabilitados, y, aunque quiso creer en "la buena voluntad" de Peña, insistió en que la CDH del Parlasur "no puede ser una comisión para un show político".

López "fue hoy recibido" por la CDH y ésta "dijo que se había traspasado su respeto", agregó.

Ortega explicó que las inhabilitaciones de cargos públicos por temas de corrupción "nacieron" con las propias normas constitucionales, incluso cuando no existía una Contraloría.

"Todo aquel que violó la ley debe ser inhabilitado", dijo al respecto, y criticó que se denuncie a un estado (el venezolano) por violación de los derechos humanos justo "cuando cumple la ley".

Ortega vio en estas acciones un oscuro propósito "para que Venezuela no ingrese en el Mercosur".

Venezuela se encuentra en proceso de entrar en ese grupo regional que agrupa a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y está a falta de que su adhesión sea ratificada por los poderes legislativos paraguayo y brasileño.