El contralor venezolano dice que las inhabilitaciones responden a la lucha contra la corrupción

Caracas.-  Las inhabilitaciones impuestas a políticos y funcionarios venezolanos "forman parte de la lucha contra la corrupción" y los procedimientos están amparados por la Ley, dijo hoy a Efe el Contralor General de la República, Clodosvaldo Russián.

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(EFE)

El contralor general de la República de Venezuela dijo que las personas afectadas desempeñaron "de manera incorrecta" sus funciones, por lo que se les ha impuesto la inhabilitación "independientemente de su militancia política".

"No estamos sancionando a personas, sino a conductas", afirmó Russián, en respuesta a una declaración de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, firmada por 22 diputados, en la que se considera "arbitraria" la medida.

La declaración, que según señala el texto sólo compromete a quienes la firman, indica que la decisión de la Controlaría General de Venezuela constituye una violación de la Constitución al impedir que se puedan presentar a las próximas elecciones del 23 de noviembre las personas afectadas.

En sus comentarios, Russián dijo que las personas afectadas por la medida desempeñaron "de manera incorrecta" sus funciones, por lo que se les ha impuesto la inhabilitación "independientemente de su militancia política".

El Contralor General indicó que son 272 las personas a las que se ha dictado la inhabilitación y recordó que el Tribunal Supremo venezolano estableció que las medidas no violaban la Constitución, como alegaron algunos de los afectados.

Los partidos opositores afirmaron en su momento que las inhabilitaciones se centraban en miembros de la oposición para impedir su candidatura a los comicios regionales de noviembre.

Russián dijo que entre los inhabilitados hay "personas afectas al Gobierno" y otras de la oposición, aunque sin precisar el número porque, señaló, la Contraloría no maneja los casos según afiliación política.

Subrayó, no obstante, que según un recuento hecho por el diario venezolano "Últimas Noticias" un 52 por ciento de los inhabilitados serían personas afectas al chavismo y 48 por ciento de la oposición.

El Contralor General, en las declaraciones hechas por teléfono a Efe, manifestó que se han seguido procedimientos apegados a las leyes venezolanas y a la Constitución que permiten la imposición de sanciones administrativas, como destitución, suspensión o inhabilitación en los casos probados.

En su declaración del 2 de octubre, los parlamentarios del Consejo de Europa, indican que "estiman urgente" recordarle al Gobierno venezolano "su obligación de respetar las reglas de la democracia, de la libertad de expresión, de la libertad de opinión" como consagran las convenciones suscritas por el país.

Consideran también "arbitraria" la expulsión el pasado 19 de septiembre del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y de su adjunto, Daniel Wilkinson.

Ambos representantes de la ONG estadounidense fueron expulsados por el Gobierno venezolano horas después de presentar en Caracas un informe crítico con los diez años de mandato del presidente Hugo Chávez.

En sus declaraciones hoy, el Contralor General defendió la medida del Gobierno e insistió en que Vivanco "se inmiscuyó en la política interna" venezolana.

Respecto a la inhabilitación del líder opositor Leopoldo López, actual alcalde de uno de los municipios de Caracas y candidato hasta que se confirmó la medida, a la Alcaldía Mayor de la capital venezolana, Russián indicó que hace dos años que se dictó la imposición de la sanción administrativa en su contra.

No obstante, señaló, la sala del Supremo permite al afectado terminar el periodo por el que ha sido elegido y la inhabilitación no empieza a cumplirse hasta que deja el cargo.

En el caso de López, la sanción de seis años de inhabilitación comenzará a cumplirse al dejar de ser alcalde del municipio de Chacao, según explicó el Contralor.

El pasado mes de agosto, el Supremo venezolano desestimó el planteamiento del dirigente opositor quien sostenía que la Constitución Bolivariana prohíbe la inhabilitación mientras no haya una sentencia firme de algún tribunal sobre los casos de corrupción que se le imputan.