A Coruña.- Casi el 65% de las explotaciones agropecuarias de Galicia carecen de licencia de explotación y un 17% están cerca de un acuífero o aguas fluviales, con peligro de resultar contaminado, según un informe de residuos agropecuarios de Galicia, encargado por la Fiscalía Superior de la comunidad.
El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, durante la entrega a la presidenta del Parlamento Gallego, Dolores Villarino de la memoria anual de la Fiscalía.
El fiscal jefe de Galicia, Carlos Varela, explicó esta mañana en rueda de prensa las conclusiones de este estudio realizado durante diez meses por miembros del Seprona y de la Policía autonómica, encargado después de que en los últimos cuatro años 2004-2007 se detectasen un total de 80 delitos ecológicos por vertidos de explotaciones agrarias en las cuatro provincias gallegas.
Varela indicó que durante esos meses el Seprona inspeccionó un total de 1.018 granjas, de las que 369 correspondieron a la provincia de A Coruña, un número igual en Lugo, 169 a Ourense y 111 a Pontevedra.
La metodología utilizada en cada una de ellas fue examinar la existencia de fosas y su situación, es decir, si estaban cubiertas o descubiertas y en qué material estaban hechas; el uso de purines; la proximidad de acuíferos y análisis de riesgo y la producción de nitrógeno por hectárea.
Siguiendo estos parámetros, Varela informó paso a paso de los resultados en cada uno de los apartados, destacando que más de la mitad de las fosas de estas explotaciones se encuentran cubiertas, evitando así accidentes y olores, pero que su construcción en cemento y su escaso mantenimiento provoca en ocasiones grietas, lo que eleva el riesgo de contaminación subterránea.
En cuanto al uso de purines, subrayó que el 86% de ellas lo utiliza para uso de fertilizante en la propia explotación, un 13% lo lleva a otros lugares y sólo el 1% lo destina a plantas de tratamiento como la existentes en Ourense, que a través de un proceso de combustión genera energía.
Incidió en que el 17% de las explotaciones tenía próximos acuíferos, a menos de 500 metros, lo que eleva las probabilidades de contaminación en aguas, ya que se ha comprobado que muchas de las explotaciones canalizan sus desechos a aguas fluviales o lo hacen a los terrenos que a su vez filtran estos residuos al subsuelo.
En este sentido, subrayó que son muy escasas las explotaciones que tienen concedido el permiso de vertido y que la mayoría, en concreto un 64,9%, un total de 661 de las 1.018 inspeccionadas no tienen permiso de explotación, aunque matizó que una parte lo había solicitado hace años al ayuntamiento "obteniendo el silencio por respuesta".
Por eso, dijo, es necesaria una gestión adecuada de estas instalaciones, que "debería legislarse con una nueva norma", un documento que "está en fase de borrador por parte de la Consellería de Medio Rural", dado que hasta ahora las granjas se regían por un código de buenas prácticas, pero donde existe un vacío legal.
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