Julio Astudillo asegura que la auditoría inicial ya apunta a una responsabilidad política

San Sebastián.-  Julio Astudillo (PSE), presidente de la comisión de las Juntas Generales (JJGG) de Guipúzcoa que investiga las presuntas responsabilidades políticas del fraude de la Hacienda de Irun, ha dicho hoy que, en su opinión, éstas se apuntan ya desde la "auditoría" inicial que destapó el caso.

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(EFE)

Julio Astudillo (PSE), presidente de la comisión de las Juntas Generales (JJGG) de Guipúzcoa que investiga las presuntas responsabilidades políticas del fraude de la Hacienda de Irun, ha dicho hoy que, en su opinión, éstas se apuntan ya desde la "auditoría" inicial que destapó el caso.

Astudillo ha comparecido en rueda de prensa acompañado por el juntero del PP Juan Carlos Cano al término de "la sesión de carácter deliberante" celebrada hoy por la citada comisión, en la que los representantes de los distintos grupos han analizado el desarrollo de su "plan de trabajo" antes de comenzar a citar a distintos responsables políticos de la Diputación de Guipúzcoa desde 1991.

Hasta el momento, han comparecido ante la comisión técnicos del departamento de Hacienda, representantes de los sindicatos y un asesor fiscal.

Durante su intervención, Astudillo ha recordado el carácter secreto de la comisión y ha asegurado que aún resulta "un tanto prematuro definir unas conclusiones, teniendo en cuenta que todavía no han comparecido los políticos".

Sin embargo, si ha admitido que "el mero hecho del contenido de la auditoría" que permitió desvelar este asunto "objetivamente ya apuntaría hacia una responsabilidad de carácter político".

En cualquier caso ha recordado que "existe un principio básico" que impide "que nadie pueda ser considerado responsable sin antes haber sido escuchado" y que es necesario "respetar".

Juan Carlos Cano ha precisado que, en cualquier caso "sí se puede decir que, después de haber escuchado a los técnicos, hay líneas de trabajo que al principio de la comisión no existían y que permiten incidir sobre la responsabilidad política".

Ambos responsables políticos han insistido no obstante en que los resultados de la comisión "no van a defraudar" a los ciudadanos porque, a pesar de que su trabajo ha sido secreto, sus conclusiones van a ser "creíbles" y "verdaderas".

Cano ha expresado además su convicción de que los cargos políticos que van a ser citados a declarar próximamente ante la comisión van a acudir con intención de "colaborar" porque el hecho de no aportar datos supondría ya la existencia de una "responsabilidad política".

Respecto a la información que aportó a la comisión el abogado Fernando Argote, quien estuvo personado como acusación particular en el procedimiento que se sigue en los juzgados por este mismo caso, Astudillo ha insistido en que se trata de documentación "interesante".

Astudillo ha aclarado en cualquier caso que para "conferirle plena fiabilidad" la comisión ha solicitado datos a una institución que permitan "contrastar" la información ofrecida por Argote.

El presidente de la comisión ha precisado que las comparecencias de las personas que han declarado hasta ahora se han centrado en "el funcionamiento del procedimiento recaudatorio", en "los sistemas de control de ingresos tributarios de Hacienda" y en "el informe de auditoría sobre bajas por insolvencia en 2003 elaborado por el Servicio de Intervención y Auditorías".