Aprobado el informe que ve responsabilidades políticas en 7 ex cargos del PNV

San Sebastián.-  Las Juntas Generales de Guipúzcoa han aprobado hoy por unanimidad el informe que atribuye a siete ex altos cargos forales nombrados por el PNV las responsabilidades políticas del fraude de la Hacienda de Irun, un caso en el que según el portavoz de este partido "nada tiene que ver" su formación.

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(EFE)

Todos los grupos de la cámara han dado el sí al texto elaborado por la Comisión de Investigación que durante el último año ha analizado las derivaciones políticas de este caso, que tiene en el ex director de la oficina de Irun José María Bravo (en la imagen), hermano del ex senador del PNV y ex director de Hacienda de Guipúzcoa Víctor Bravo, al presunto cabecilla de una trama que ha defraudado a las arcas forales unos 8 millones de euros y que supuestamente se ha apropiado de 1,8.

Todos los grupos de la cámara han dado el sí al texto elaborado por la Comisión de Investigación que durante el último año ha analizado las derivaciones políticas de este caso, que tiene en el ex director de la oficina de Irun José María Bravo, hermano del ex senador del PNV y ex director de Hacienda de Guipúzcoa Víctor Bravo, al presunto cabecilla de una trama que ha defraudado a las arcas forales unos 8 millones de euros y que supuestamente se ha apropiado de 1,8.

La Comisión ha concluido que el "incorrecto funcionamiento y falta de organización, control e instrucciones claras en el Servicio de Recaudación, junto a la debilidad de los mecanismos de control interno de la Diputación foral han podido favorecer" el fraude, que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Irun.

El PNV ha defendido la actuación de los ex cargos de la Diputación y sólo cree que fue Víctor Bravo quien "se extralimitó o intentó extralimitarse" en sus funciones.

También admite la responsabilidad política de Antton Marquet, ya que él mismo la asumió por haber desempeñado el cargo de diputado de Hacienda y Finanzas durante uno de los periodos en que ocurrieron los hechos.

No obstante, el PNV ha votado, salvo varios párrafos que ha enmendado, a favor de un informe que imputa diferentes grados de responsabilidad política al ex diputado general Joxe Joan González de Txabarri, al ex diputado foral Juan José Mujika, al ex director de Hacienda Iñaki Rika y a los ex directores de Finanzas Juan Romero Landa y Asier Esnal.

Entre los votos particulares -sólo el PSE/EE no ha presentado-, dos de EA buscaban eximir a González de Txabarri de la responsabilidad que le asigna el dictamen, en menor grado que al resto, por respaldar a quienes decidieron el archivo de la auditoría que descubrió irregularidades en la oficina de Irun (Rika y Esnal).

EB, por el contrario, se ha mostrado partidario de que ninguno de los citados desempeñe cargos por designación política "porque aquí", según su portavoz, Mikel Izagirre, "se mide la calidad y la transparencia de la Administración" (González de Txabarri es actualmente presidente de la Autoridad Portuaria de Pasajes).

Únicamente un voto particular del PNV -la revisión de algunas bajas por insolvencia- de los 21 tratados en el pleno ha sido aprobado.

Asier Aranbarri, portavoz del partido de Íñigo Urkullu, ha destacado que tras estos meses de Comisión "no se ha conseguido lo que algunos querían, la implicación del PNV". "El caso de Irun no tiene nada que ver con el PNV", ha recalcado.

El juntero del PSE/EE Julio Astudillo ha dicho por su parte que el PNV "igual paga el error" de no admitir otra responsabilidad política que la Víctor Bravo, y ha indicado que esta formación ha apoyado el informe porque "le daba cierto vértigo desmarcarse totalmente del resto de los miembros de la Comisión".

Astudillo entiende que es "incoherente" por parte del PNV reconocer "el 80 por ciento de los hechos y fijar las responsabilidades políticas en una sola persona".

El PP, según su portavoz, Juan Carlos Cano, ha advertido de que las responsabilidades políticas, "gusten o no, se acaban dirimiendo en los momentos electorales".

Cano considera que han quedado algunas cuestiones sin respuesta, como la posibilidad de que el caso de Irun esté dentro de "un capítulo de financiación ilegal" del PNV o si existió "protección mafiosa" por parte del Víctor Bravo a su hermano.

José Antonio Rekondo, de EA, ha criticado al PP por hacer estas preguntas en el pleno de hoy, "con periodistas como testigos", y no haberlas planteado en la Comisión de Investigación, cuyas deliberaciones han sido secretas.

Todos, en cualquier caso, han deseado que el caso de Irun sea el último en la institución foral, aunque según Aralar "para eso la Hacienda tendrá que tomar medidas".