El Gobierno y el campo argentinos preparan demostraciones de fuerza, sin un acuerdo a la vista

Buenos Aires.-  Tras un nuevo fracaso en las negociaciones por los impuestos a las exportaciones de granos, el Gobierno argentino y el campo se esforzaron hoy en asegurarse para el próximo domingo adhesiones publicas masivas a sus posiciones que, de momento, son irreconciliables.

Las entidades agropecuarias esperan convocar el día 25 a unas 200.000 personas en Rosario (300 kilómetros al noreste de Buenos Aires), la tercera ciudad más poblada de Argentina y en el corazón de la zona productora de alimentos del país.

"Será un acto donde se reafirmará la voluntad del interior de que no se quiere una política errática y se quiere un país federal", dijo hoy Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), una de las cuatro entidades rurales, que agrupa a unos 290.000 agricultores.

Los dirigentes del sector ratificaron que el acto y la "demostración de descontento" del domingo es su "prioridad", tras la reunión con el Gobierno de este jueves, que terminó con declaraciones "optimistas" de parte del Ejecutivo y expresiones de "decepción" de parte del campo.

El Gobierno se negó a discutir este jueves sobre el nuevo esquema de impuestos a las exportaciones de granos, cuya puesta en marcha el 11 de marzo pasado detonó el conflicto y que el Ejecutivo se niega a derogar.

Con todo, invitó al campo a una mesa de discusiones técnicas a partir del próximo lunes, una vez pasado el acto de Rosario y otro que prepara el oficialismo en la ciudad de Salta (1.510 kilómetros al noroeste de Buenos Aires).

Pero las patronales rurales pretendían abordar el espinoso asunto este jueves y se retiraron de la cita "defraudados" y hasta pensaron en atrincherarse en el Ministerio de Economía hasta lograr una solución.

"Esto es asombroso, no puedo entender lo que pasa. No ocurrió lo que dice el campo que ocurrió en la reunión. Francamente estoy dudando de qué quieren hacer", dijo hoy el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en declaraciones al canal TN, de Buenos Aires.

En medio de difusión de sondeos sobre la abrupta bajada de la imagen positiva del Gobierno de Cristina Fernández hasta un 26 por ciento por la falta de resolución del conflicto, que ya lleva casi dos meses y medio, el jefe de gabinete tachó al acto que prepara el campo como de tono "político y opositor".

"El acto del 25 es un acto de la oposición, y así lo tomamos, como un acto de opositores al Gobierno. No hay ningún problema, tienen derecho a manifestarse. Pero es un acto de la oposición", dijo Alberto Fernández.

Dirigentes de partidos políticos de todo el arco opositor han comprometido su asistencia al acto de Rosario, aunque los organizadores aseguran que los políticos, que no han sido invitados oficialmente al mitin, no podrán subir al palco oficial y sólo podrán manifestar su adhesión como "ciudadanos comunes".

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, aseguró que la convocatoria no es política ni "desestabilizadora", sino "exclusivamente un acto del sector agropecuario".

"Se valora y se agradece a todos los que vayan a apoyar el planteo, pero no va a haber políticos en el palco, porque no somos suicidas", remarcó por su parte Buzzi,

En tanto, las bases de las entidades agropecuarias y los productores que no están enrolados formalmente reclaman un regreso a la huelga comercial que por tres semanas paralizó la distribución de alimentos, generando desabastecimiento e inflación.

También hay incertidumbre sobre si las patronales acudirán el lunes a las discusiones técnicas a las que les convocó el Gobierno de Cristina Fernández, quien el domingo encabezará un acto por la celebración de una de las mayores festividades patrias de Argentina.

En Salta, el Gobierno espera reunir a unas 100.000 personas bajo el lema "la patria somos todos" y en adhesión a la gestión de Fernández, que asumió el poder el pasado 10 de diciembre, tras ganar los comicios de octubre con el 45,29 por ciento de los votos.

En ese acto Fernández planea anunciar el denominado "acuerdo del bicentenario", un pacto entre sindicatos, patronales empresarias y el Gobierno.