El Govern está convencido de que se aprobará la Ley de Vivienda, aunque con modificaciones

Palma.-  El conseller de Vivienda, Jaume Carbonero, ha asegurado hoy que el Govern está convencido de que la Ley de Vivienda, en periodo de tramitación parlamentaria y a la que UM se opone por permitir construir en suelo rústico, se aprobará, si bien puede experimentar modificaciones su actual redacción.

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(EFE)

El Govern está convencido de que la Ley de Vivienda, en periodo de tramitación parlamentaria y a la que UM se opone por permitir construir en suelo rústico, se aprobará, si bien puede experimentar modificaciones su actual redacción.

"Quiero dejar clara mi tranquilidad en el sentido de que espero que la ley se pueda aprobar: no contemplo un escenario en que la ley decaiga en su totalidad", ha afirmado el titular de Vivienda y Obras Públicas tras la reunión del Consell de Govern celebrado esta mañana.

Carbonero ha recordado que "la ley no nos la sacamos de la chistera", sino que fue negociada en su día por todos los miembros del Ejecutivo y aprobada por el Consell de Govern, del que forman parte tres consellers de UM, antes de ser remitida a la Cámara legislativa autonómica.

La aprobación de esta ley, y si se podrá construir en el suelo rústico de las áreas de transición que fijan los planes territoriales de cada isla, ha sido el principal tema de interés en la rueda de prensa que han ofrecido Carbonero y la portavoz del Ejecutivo, Margarita Nájera.

En el tono habitual de tranquilidad de las declaraciones del conseller de Vivienda, Carbonero ha afirmado que "de ninguna manera decaerá" la ley ni regresará al Consell de Govern para su revisión y nueva aprobación.

En todo caso, deberá ser en comisión y ponencia parlamentaria donde se introduzcan cambios a través de las enmiendas que estimen oportunas los partidos que apoyan la gestión del Ejecutivo autonómico.

"Confiamos -ha dicho Carbonero- que de esta discusión y votación (en comisión y ponencia parlamentaria) salga un texto lo más parecido posible a lo que aprobó (en su día) el Consell de Govern: esto es en lo que nosotros confiamos".

El conseller ha explicado que el Govern quiere construir en la presente legislatura 5.000 viviendas de protección oficial en el archipiélago y, para ello, pretende "conseguir suelo".

Por ello, la futura ley prevé construir en suelo urbano en primer lugar y en urbanizable, en segundo término, dejando como última opción el aprovechamiento de las áreas de transición, con lo que UM no está conforme.

También el Govern, ha aclarado el conseller, es contrario a "consumir" suelo rústico y, en este sentido, ha recordado que el Ejecutivo impidió en su día construir 800 viviendas en el Parc Bit.

Esas áreas de transición, ha sostenido Carbonero, tienen "vocación urbana" porque son las zonas de expansión previstas por los planes territoriales, siendo voluntad del Ejecutivo que las mismas estén disponibles en el menor tiempo posible.

El objetivo final es cumplir con el precepto constitucional de que todos los ciudadanos, de manera los que tienen menos recursos y los jóvenes, puedan disponer de una vivienda "digna".

Para ello, desde el Govern "confiamos" en el entendimiento de los grupos políticos que apoyaron en su día la constitución del Ejecutivo autonómico y que hasta ahora han dado el visto bueno al texto, y "confiamos" en que con la ley que se apruebe se puedan construir esas 5.000 viviendas de protección pública.

Al inicio de su intervención, el conseller se ha referido a la situación "complicada" que vive el mercado de la vivienda en Baleares, después de que haya caído en enero de este año un 45 por ciento las operaciones de compraventa, mientras que han subido las hipotecas.

Ante esta coyuntura, el presidente del Govern, Francesc Antich, ha encargado al departamento de Vivienda que realice "todos los esfuerzos posibles" para desarrollar iniciativas públicas que ayuden a superar esta situación al sector inmobiliario y a los propios ciudadanos.

Las mismas se refieren a la compra por parte del Govern de suelo urbano para edificar viviendas de protección pública por valor de más de 20 millones de euros.

También -ha proseguido el conseller- "tenemos muy adelantas" las negociaciones para la compra de edificios concluidos que puedan ser calificados como viviendas de protección pública.