Caracas.- El ex líder opositor venezolano Enrique Mendoza, acusado de delitos relacionados con el golpe de Estado de abril de 2002, se entregó hoy a la justicia y de inmediato la Fiscalía pidió que sea considerado entre los beneficiarios de la amnistía promulgada por el presidente Hugo Chávez.
Enrique Mendoza, acusado de delitos relacionados con el golpe de Estado de abril de 2002, se entregó a la justicia para beneficiarse de la amnistía promulgada por el presidente Hugo Chávez.
"Debe aplicarse el decreto de amnistía (a su favor), porque siempre ha estado dispuesto a hacerle frente a su juicio", declaró a los periodistas el abogado de Mendoza, Oswaldo Domínguez, tras lo cual la Fiscalía pidió al juzgado que lo procesaba dejar sin efecto los cargos.
El último día de 2007 Chávez promulgó una Ley de Amnistía política y un indulto para presos comunes en el marco de las atribuciones legislativas que la unicameral Asamblea Nacional (AN) le concedió a mediados de año, conocidas en el país como "Ley Habilitante".
La amnistía, que beneficia a un número de condenados y procesados que Chávez no reveló, ampara principalmente a los acusados por delitos relacionados con el golpe de Estado que lo derrocó durante 48 horas en abril de 2002.
Los beneficiarios deben reclamar la amnistía personalmente o por medio de sus abogados.
También abarca delitos vinculados a la huelga y al "sabotaje petrolero" que durante 63 días, entre finales de ese año y comienzos de 2003, presionó infructuosamente por la renuncia del gobernante, en el marco de una ofensiva política opositora en la que Mendoza figuró en primera línea.
La amnistía no beneficia sin embargo a quienes rehuyeron los tribunales ni a los acusados de delitos contra los derechos humanos y lesa humanidad, cuyos familiares, abogados y seguidores la han criticada por ello, como también lo han hecho víctimas de esos hechos, que señalan la medida de perdón como alentadora a la impunidad.
La Fiscalía pidió a mediados de diciembre último la prisión de Mendoza, ex gobernador del estado de Miranda (centro), por "la toma" del canal de televisión estatal VTV durante el golpe de Estado, y lo acusó de "agavillamiento (asociación para delinquir) y daños a edificaciones públicas, equipos terminales o sistemas de telecomunicaciones".
El abogado de Mendoza añadió que éste no se entregó antes porque "le dictaron medida (de encarcelamiento) un viernes en la noche" y luego el tribunal que lo hizo entró en período de vacaciones.
"Estaba acéfalo, no se había incorporado el titular, no había juez", y por eso "no había ante quién acudir", sostuvo.
El diputado Juan José Molina, vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la AN, y representante del partido Podemos, recientemente distanciado de Chávez, anunció la semana pasada que el Legislativo revisará si Chávez "tenía la competencia para hacer esta Ley de Amnistía vía Ley Habilitante, porque no lo tenemos claro".
Tras ello, agregó Molina, "veremos la pertinencia de no haber incluido a todas las personas que pudieran disfrutar" de la amnistía.
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