Abogan por policías en embajadas Argentina, Costa Rica, El Salvador y México

Caracas.-  La defensa de jefes policiales acusados de violar derechos humanos durante el golpe de Estado que en 2002 derrocó brevemente al presidente venezolano, Hugo Chávez, abogó hoy por ellos en las embajadas de Argentina, Costa Rica, El Salvador y México.

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(EFE)

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el pasado 10 de enero. La defensa de jefes policiales acusados de violar derechos humanos durante el golpe de Estado que en 2002 derrocó brevemente a Chávez abogó hoy por ellos en las embajadas de Argentina, Costa Rica, El Salvador y México.

Los embajadores de estos cuatro países firmaron "como testigos de honor" en diciembre de 2004 un documento en el que la Fiscalía se comprometió a respetar derechos judiciales de esos policías, luego de que el Gobierno salvadoreño les negó entonces el asilo que habían pedido tras ingresar previamente en su sede diplomática en Caracas.

La Fiscalía los acusa de "graves delitos contra los derechos humanos" en perjuicio de seguidores de Chávez fallecidos y lesionados durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, que fracasó a las 48 horas.

Luis Tamayo, uno de los abogados de los comisarios de la Policía Metropolitana (PM) Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, apresados en 2004, dijo a periodistas en la embajada salvadoreña que entregó allí un documento donde se argumenta que sus defendidos deben ser liberados mañana, al inicio del juicio en su contra, e incluidos en una amnistía decretada recientemente por Chávez.

"Informamos a los testigos de honor que este martes se celebrará la audiencia donde se debe dictar el sobreseimiento de la causa de los comisarios" y "consignamos un documento donde se demuestra que no existen argumentos legales para que la decisión judicial les sea desfavorable", dijo.

Explicó que si bien "desde el punto de vista teórico podrá haber violaciones a los derechos humanos", la legislación de Venezuela no los ha tipificado", así que, "mientras no exista la ley, no se puede aplicar ninguna exclusión en cuanto a la amnistía decretada".

Además, agregó el abogado, tampoco "se puede aplicar" a sus defendidos el Estatuto de Roma de la Corte Internacional sobre la violación de derechos humanos allí sí tipificados, porque este instrumento está en vigor desde julio de 2002 y los comisarios venezolanos están acusados de delitos cometidos tres meses antes.

Chávez promulgó el último día del 2006 una Ley de Amnistía en beneficio de un número de condenados y procesados que no precisó, quienes deben reclamarla personalmente o a través de sus abogados.

Este medida debe ser entendida como "una demostración de que queremos la paz (...), que se produzca un fuerte debate, pero en paz", dijo Chávez al anunciar la promulgación de la amnistía.

Tras destacar entonces que en Venezuela no existen presos por expresar su ideas políticas, por lo que "nadie puede hablar de presos políticos ni de perseguidos políticos", Chávez indicó que los beneficiados con su decisión sí cometieron delitos políticos.

Entre los beneficiados destacan otros participantes en el golpe de Estado, así como promotores de la huelga nacional y el "sabotaje petrolero" que durante 63 días, entre finales de 2002 e inicios de 2003, presionó infructuosamente por la renuncia de Chávez.

La medida de perdón también incluye a acusados de delitos cometidos con posterioridad a esos hechos, pero en ningún caso beneficia a quienes rehuyeron los tribunales ni a los acusados de delitos contra los derechos humanos ni los de lesa humanidad.

Representantes de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado han denunciado que los abogados de los jefes policiales "encabezan las críticas" a la amnistía, "como estrategia" para que sus defendidos se beneficien de ella.