Niegan amnistía a los policías venezolanos culpados por muertes de civiles en el golpe de Estado

Caracas.-  La justicia venezolana negó hoy incluir en una amnistía recientemente promulgada por el presidente Hugo Chávez a tres jefes policiales y ocho agentes culpados por ocho de las diecinueve muertes de civiles del golpe de Estado de 2002.

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(EFE)

La Fiscalía los acusa de "graves delitos contra los derechos humanos" en perjuicio de seguidores de Chávez fallecidos durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002.

La jueza cuarto del céntrico estado de Aragua, vecino a Caracas, Maryorín Calderón, mantuvo hoy en firme la orden de prisión que dictó en 2004 contra esos policías el fiscal Danilo Anderson, asesinado luego en un atentado con bombas perpetrado en Caracas.

La negativa al sobreseimiento y a la inclusión como beneficiarios de la amnistía de los comisarios de la Policía Metropolitana (PM) Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, y de otros ocho agentes de ese mismo cuerpo de seguridad fue informada a los periodistas por dirigentes de la oposición, abogados y familiares de los policías que se retiraron del juicio cuando la jueza dio a conocer su decisión, de la cual aun no se informa de manera oficial.

Oscar Pérez, dirigente del Comando Nacional de la Resistencia, hizo un llamamiento a la ciudadanía opositora para que durante las noches "se pronuncien con cacerolas para rechazar este nuevo atropello del Gobierno, que tiene secuestrado el poder judicial".

Abogados de la defensa de los policías acusados de violar derechos humanos durante el golpe de Estado que en 2002 derrocó brevemente a Chávez abogaron el lunes por ellos en las embajadas de Argentina, Costa Rica, El Salvador y México.

Los embajadores de estos cuatro países firmaron "como testigos de honor" en diciembre de 2004 un documento en el que la Fiscalía se comprometió a respetar derechos judiciales de esos policías, luego de que el Gobierno salvadoreño les negó entonces el asilo que habían pedido tras ingresar previamente en su sede diplomática en Caracas.

La Fiscalía los acusa de "graves delitos contra los derechos humanos" en perjuicio de seguidores de Chávez fallecidos durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, que fracasó a las 48 horas.

En los procesos sobre los otros once fallecidos ese día, supuestamente por disparos de otros agentes y francotiradores no identificados, no existen inculpados.

Luis Tamayo, uno de los abogados de los agentes, todos apresados en 2004, reiteró que "no existen argumentos legales", ya que si bien "desde el punto de vista teórico podrá haber violaciones a los derechos humanos", la legislación de Venezuela no los ha tipificado", así que, "mientras no exista la ley, no se puede aplicar ninguna exclusión en cuanto a la amnistía decretada".

Además, agregó el abogado, tampoco "se puede aplicar" a sus defendidos el Estatuto de Roma de la Corte Internacional sobre la violación de derechos humanos allí sí tipificados porque este instrumento está en vigor desde julio de 2002 y los comisarios venezolanos están acusados de delitos cometidos tres meses antes.

Chávez promulgó el último día del 2006 una Ley de Amnistía en beneficio de un número de condenados y procesados que no precisó, quienes deben reclamarla personalmente o a través de sus abogados.

La medida de perdón también incluye a acusados de delitos cometidos con posterioridad a esos hechos, pero en ningún caso beneficia a quienes rehuyeron los tribunales ni a los acusados de delitos contra los derechos humanos ni los de lesa humanidad.

Tras destacar entonces que en Venezuela no existen presos por expresar su ideas políticas, por lo que "nadie puede hablar de presos políticos ni de perseguidos políticos", Chávez indicó que los beneficiados con su decisión sí cometieron delitos políticos.