Madrid.- El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, ha dicho hoy que en la Comunidad de Madrid "no queremos politizar la gestión" de Caja Madrid y ha subrayado que "pretender imponer desde la política qué debe hacerse en la sociedad civil es injerencia".
Tras firmar un convenio para la promoción turística de Madrid y al ser preguntado por el debate político que se ha generado a raíz de las candidaturas a la Presidencia de la entidad financiera, Beteta ha recordado que la Ley de Cajas de Ahorros, lejos de posibilitar una imposición de candidatos, obliga a que el sector público sea minoritario y se reparta proporcionalmente.
Consecuencia de ello, ha dicho, es que "ninguna fuerza política puede tener la mayoría", lo que conlleva a un necesario "acuerdo" entre los distintos sectores de la Caja: Asamblea de Madrid y ayuntamientos, por parte de lo público, e impositores, entidades representativas de la sociedad civil y empleados, por parte de lo privado.
Ha defendido entonces que tienen que ser los propios sectores de Caja Madrid los que, "dentro del consenso, busquen a la persona más representativa de todos ellos para hacer un pacto de estabilidad" que haga que la cuarta entidad financiera de España "vaya adelante" y durante los seis años de mandato "sea positiva" para la región y para los impositores.
Ha puntualizado Beteta que corresponde a la Comisión de Control de Caja Madrid, y no a la Comunidad, "resolver" las cuestiones que se deriven del recurso planteado por el Ayuntamiento de Madrid por el reparto de los 64 consejeros generales de la entidad que correspondería designar a la Casa Real.
"Si el Gobierno de la Comunidad de Madrid hiciera algo, politizaría. No podemos hacer nada. Estamos al margen porque no queremos politizar la gestión de la Caja", ha sentenciado.
Beteta ha ejemplificado esta afirmación en que se había enterado por la prensa de la venta del 2,9 por ciento de Bankinter que estaba en propiedad de Caja Madrid.
A su juicio, "sería razonable" que entre la Comunidad y la Caja hubiera un determinado grado de colaboración, lo que no cree que pudiera considerarse injerencia política.
Sí es injerencia -ha concluido- "pretender imponer desde la política qué debe de hacerse en la sociedad civil".
Por parte del Ayuntamiento de Madrid, su delegado de Economía y Empleo, Miguel Ángel Villanueva, se ha remitido a lo expuesto ayer por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y ha asegurado que el Gobierno municipal "estará a lo que establezca la dirección nacional del partido" porque el PP es un partido nacional con un proyecto para toda España.
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