Santander.- El juicio por un delito de estafa por internet que iba a celebrarse esta mañana en la Audiencia de Cantabria ha sido suspendido después de que el acusado no haya comparecido, al no haber podido ser citado porque dio un domicilio falso.
Una usuaria de Internet. EFE/Archivo
El presidente de la sección tercera de la Audiencia de Cantabria, Agustín Alonso Roca, donde estaba previsto celebrar el juicio, ha explicado que no ha sido posible localizar al acusado en ese domicilio y ha ordenado averiguar su residencia actual y, en caso contrario, emitir una orden de busca y captura.
El fiscal, que pide dos años de cárcel para el acusado, Carlos A.T.M, ha solicitado que se proceda a su búsqueda y detención.
La abogada defensora ha explicado que se ha intentado poner en contacto con él por varios medios, pero ha sido imposible localizarle.
Carlos A.T.M está acusado de haber permitido que en 2008 se utilizara su número de cuenta corriente para recibir transferencias de dinero obtenido sin autorización de su propietario, a través de una estafa en internet (phising).
El acusado llegó a un acuerdo con personas que no han sido identificadas, con domicilio fuera de España, y les facilitó su número de cuenta corriente, a la que le transfirieron distintas cantidades de dinero.
Después, y "a la menor brevedad posible", les remitía la cantidad defraudada a través de "Wester Union", descontando una comisión acordada.
La primera de las transferencias, por un importe de 3.220 euros, se produjo el 25 de febrero del año pasado desde la cuenta corriente de una empresa que no la autorizó.
Un día después, Carlos A.T.M. recibió otra transferencia de 5.200 euros de la misma empresa y, al día siguiente, otros 646 euros.
Ese mismo día, 27 de febrero, el acusado retiró dos cantidades de su cuenta bancaria, por importe de 2.600 y 2.360 euros.
El Ministerio Fiscal pide por el delito de estafa dos años de cárcel para el acusado, así como que indemnice con 9.067 euros a la empresa desde la que se hicieron las transferencias con el procedimiento denominado "phising".
La acusación particular, que representa al BBVA en el que la empresa tenía su cuenta, considera al acusado autor de un delito de blanqueo de capitales y pide seis años de cárcel y la misma indemnización que el Ministerio Fiscal.
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