El Parlament insta al Gobierno a practicar las exhumaciones de la Guerra Civil y del franquismo

Palma.-  El Parlament balear pedirá al Gobierno central, gracias a una proposición no de ley aprobada hoy, que elabore un plan de localización e identificación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, en el que se incluya la práctica de las exhumaciones necesarias.

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(EFE)

El Parlament balear pedirá al Gobierno central, gracias a una proposición no de ley aprobada hoy, que elabore un plan de localización e identificación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, en el que se incluya la práctica de las exhumaciones necesarias. EFE/Archivo

La proposición, presentada por el Bloc, ha recibido el apoyo de todos los grupos parlamentarios, también del PP, con la aprobación de una modificación de los populares que incluye a las víctimas de los dos bandos enfrentados, y en ella se insta al Ejecutivo central a que se promueva las modificaciones normativas que requiera el plan.

En la proposición se expone que la Ley de Memoria Histórica aprobada hace casi dos años por el Gobierno del PSOE es actualmente "insuficiente" porque "no ha dotado de instrumentos legales eficaces a los familiares para hacer realidad su legítimo deseo: encontrar los restos de sus familiares y ofrecerles una despedida digna".

Asimismo, indica que "si el Estado fue el responsable de los crímenes, corresponde al Estado su reparación en la medida que sea posible" y, en este sentido, es también su "responsabilidad" la localización de las fosas, la identificación de los restos y su posible exhumación.

Los grupos parlamentarios han aplaudido en el momento en que se ha dado aprobada por asentimiento la proposición, que ha sido expuesta por el diputado del Bloc Miquel Àngel Llauger, quien ha explicado que actualmente hay una "carencia muy significativa" en la Ley de Memoria Histórica en cuanto a la "ingente tarea" de identificar a las víctimas.

Según Llauger, no queda claro quién lo debe hacer, si las asociaciones de víctimas, las comunidades autónomas, los ayuntamientos o los tribunales y, por ello, se realiza "de una manera fragmentada y desigual".

Seguidamente, el diputado del Bloc ha indicado que es el Gobierno central el "responsable principal de localizar e identificar a las víctimas", y ha cifrado su número en más de 40.000 desaparecidos en España (más de 500 de ellos en Baleares).

El diputado del PP Antoni Serra ha comenzado su exposición mostrando su respeto a los familiares de las víctimas y ha mostrado su deseo de que se produzca un "perdón mutuo" y se facilite a las familias su derecho a "saber dónde y cuándo perdieron la vida sus familiares".

Asimismo, ha reclamado que en la proposición se incluya que este plan se hará "teniendo en cuenta los damnificados de todos los bandos existentes", modificación que ha sido aceptada por el resto de grupos.

La diputada del PSOE Aina Rado ha explicado durante su comparecencia que con la Ley de Memoria Histórica se han dado "pasos importantes", aunque la intención del legislador "se ha visto frustrada" en el tema de la localización de las víctimas.

Rado ha recordado el "poco interés" mostrado por la Justicia para abordarlo, hasta el punto, ha dicho, de que a unos familiares que denunciaron una desaparición se les dijo que primero tenían que dar el nombre de los supuestos asesinos.

La diputada socialista ha apuntado que con esta proposición no se busca la "venganza" o la "persecución a los asesinos", lo cual sería, en su opinión, un "absurdo" después de treinta años, sino solo "rehabilitar la memoria de las víctimas y retornar los cuerpos a sus familiares".

"Es necesario, es urgente, cerrar este capítulo de nuestra historia", ha dicho Rado, quien ha añadido que, "por vergüenza democrática", se debe acabar con lo que ha denominado "el silencio de las fosas".

El pleno del Parlament ha dado asimismo hoy el visto bueno -y también con el consenso de todos los grupos- a una moción del PP sobre la elaboración de un documento que defina las competencias ante vertederos incontrolados y a una proposición no de ley del PSOE que insta al Govern a impulsar la educación para la salud en los centros educativos, tanto en materia de alimentación como higiene y salud sexual.