Construcción, hostelería e industria son los sectores con más economía sumergida

Murcia.-  Los sectores de construcción, hostelería e industria de la Región son en los que más economía sumergida se detecta, y para luchar contra ella se va a poner en marcha una nueva campaña para informar a la sociedad de los perjuicios que conlleva, y que se incrementa en épocas de crisis como la actual.

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(EFE)

Los sectores de construcción, hostelería e industria de la Región son en los que más economía sumergida se detecta. EFE/Archivo

La campaña "Con la economía sumergida, tolerancia cero" fue presentada hoy por el consejero de Formación y Empleo, Constantino Sotoca; el presidente de la patronal Croem, Miguel del Toro, y los secretarios regionales de UGT y CCOO, Antonio Jiménez y Daniel Bueno, respectivamente que han coincidido en los perjuicios sociales de esta práctica.

Han explicado que la economía irregular aumenta el empleo precario, deja a los trabajadores sin subsidio de desempleo o jubilación, reduce los ingresos fiscales con los que se pagan los servicios públicos como educación o sanidad, y aumenta la competencia desleal entre las empresas.

Sotoca ha subrayado que la campaña se ha concebido con la intención de concienciar del perjuicio de la economía sumergida en los ciudadanos, de que no es un problema sólo de trabajadores y empresarios, que hay que favorecer las buenas prácticas empresariales, y por ello "invitar a los ciudadanos a reflexionar acerca de la responsabilidad de todos en su erradicación".

Ha explicado que la campaña "se apoya en la imagen de un niño como símbolo de la sociedad murciana, cuyo futuro se tiene que cimentar sobre la base de una economía regular", y ha informado de que por primera vez se ha creado una página web especializada en este problema: sineconomiasumergida.com. .

Sotoca explicó que durante 2008 se intensificó la labor de vigilancia de la Inspección de Trabajo, lo que supuso el aumento de las visitas a empresas hasta las 7.015 y que durante este año se incrementarán un 48 por ciento. El resultado fue que se detectaron 588 personas extranjeras sin permiso de trabajo, y 2.048 empleados sin alta en la Seguridad Social.

En este sentido, el presidente de la Croem, ha añadido que el mayor número de inspecciones se centraron en el sector de la construcción con 1.874 (cuando en 2009 ya se han realizado 2.100); seguida de la hostelería con 1.013 (1.150 en 2009) y la industria con 488 (520).

A la pregunta de si el número de empresas inspeccionadas tiene relación con el de fraudes, el consejero ha respondido de forma afirmativa, sin embargo ha evitado dar una cifra de lo que puede aumentar la economía sumergida en periodo de crisis, lo que según datos aportados por el responsable de UGT, Antonio Jiménez podría llegar hasta un 40 por ciento, desde el 20 en que se encontraba según el último informe elaborado por el Consejo Económico y Social entre 2005 y 2006.

"No quiero entrar en una guerra de cifras. El sentido común puede indicar que se ha podido agravar, pero, personalmente, hablar de un 40 por ciento me parece 'demasiado elevado'", ha dicho el consejero mientras que Del Toro, tras afirmar no tener datos, ha agregado que "el riesgo de 'ocultarse' es mayor en tiempo de crisis".

Ha añadido que son prácticas rechazables que dañan la economía real e hipotecan el futuro, además de hacer más lenta y dificultosa la salida de la crisis.

El responsable de UGT se ha referido al "riesgo" de los que trabajan en la economía sumergida, que quedan al margen de la legalidad y ha dicho que es "una burla a la solidaridad en cuanto al reparto de las cargas sociales". "Es un plato mal cocinado para los trabajadores y una indigestión para el conjunto de la sociedad", ha añadido.

Daniel Bueno, secretario general de CCOO, ha recordado que en la Región la economía sumergida es "un mal enraizado y cuesta mucho trabajo combatir" por lo que es necesario evitar "la tolerancia social", y se ha referido a la necesidad de que los trabajadores sepan que degrada al propio empleado.

Ha explicado que es un fraude no estar sujeto a las normas fiscales en un momento en que la inversión pública es fundamental para solucionar la crisis y que las campañas realizadas hasta ahora han permitido pasar del 35 por ciento, en que se situaba en 1990, al 20 por ciento en 2006.

Por ello ha defendido el diálogo social para elaborar un nuevo pacto por la estabilidad en el empleo de acuerdo con la actual situación económica a pesar de que al actual acuerdo le queda un año de vigencia.