Zapatero asegura que la Ley Electoral no favorece a nadie y sólo se cambiará con consenso

Madrid.-  El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha subrayado hoy que la Ley Electoral General no beneficia "a priori" a ningún partido político en el reparto de escaños, y ha recordado que una posible reforma de esta norma exige un amplio consenso, como así se está estudiando en el Congreso.

Así ha respondido Zapatero, durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara baja, a la diputada de UPyD, Rosa Díez, quien le ha preguntado por su voluntad de reformar una ley que, a su juicio, vulnera la Constitución y "beneficia injustamente" al PSOE y PP.

Zapatero, que ha rechazado que el actual sistema electoral vulnere ningún artículo de la Constitución, ha destacado que su Ejecutivo pidió al Consejo de Estado un informe sobre la posibilidad de reformar el sistema, informe que se emitió el pasado mes de febrero y que se trasladó a la subcomisión que estudia en el Congreso la posible reforma de la Ley.

Dicha subcomisión, ha explicado Zapatero, se ha dado una prórroga -hasta junio de 2010- para continuar sus trabajos y determinar si es necesario reformar la norma, siempre dentro de un amplio consenso de los grupos parlamentarios.

Para ello, este órgano ha recabado otras opiniones, como la de la Junta Electoral Central.

"El Gobierno mantiene el compromiso de mejorar, si es posible, la representatividad del sistema electoral, pero de la única manera posible y efectiva: impulsando un amplio consenso entre los grupos políticos, que en esta cuestión es absolutamente imprescindible", ha reiterado.

Ha insistido, además, en que el actual sistema, "homologable a los sistemas de las democracias con más tradición" y que tras 30 años "ha permitido una vigorosa democracia", hace que la distribución de los escaños dependa del voto de los ciudadanos y "no hay a priori alguien que pueda establecerse como beneficiado".

Rosa Díez ha subrayado que el sistema de reparto de escaños vulnera la Constitución porque ni los diputados son elegidos en igualdad de condiciones, ni el voto de un ciudadano vale lo mismo que el de otro si viven en distintos territorios o si eligen distintas opciones políticas.

Y como ejemplo, Díez ha señalado que en los últimos comicios generales al PSOE cada escaño le "costó" 66.801 votos, al PP 66.740, a Izquierda Unida 484.973 y a UPyD 306.079.

Una situación "escandalosa" que, según ha dicho, admitió el dictámen del Consejo de Estado, que "da la razón a quienes creemos que la modificación de la Ley Electoral es democráticamente urgente y constitucionalmente posible".

Bajo su punto de vista, hay que subsanar esta "injusticia histórica" para que cada voto valga lo mismo.

"Que nadie se equivoque, no lo digo pensando en los partidos nacionalistas o en los ciudadanos que votan nacionalista; es una reforma pensada en los ciudadanos, en la igualdad de derechos que el Gobierno debe garantizar promocionando leyes justas", ha agregado.

Tras insistir en que son el PSOE y el PP quienes más se benefician del actual sistema, ha criticado que se haya creado una subcomisión "para que (la posible reforma) duerma en ella el sueño de los justos", porque "ni quien gobierna ni quien aspira a sustituirle tienen la menor intención de cambiar esa ley".