El Gobierno no prevé ir a la vía penal y el PSC dice que es "porque quiere pagar"

Las Palmas de Gran Canaria.-  El consejero regional de Presidencia, José Miguel Ruano, dijo hoy que el Gobierno no prevé recurrir por la vía penal la sentencia del TSJC que le condena a indemnizar a Canteras Cabo Verde con 91 millones de euros en el Caso Tebeto, lo que el PSC cree que responde a su interés por pagar.

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(EFE)

El consejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano. EFE/Archivo

Así lo manifestó hoy antes del acto de inauguración del año judicial 2009-2010 la diputada socialista Francisca Luengo, quien se preguntó "para qué ha hecho entonces" el Gobierno de Canarias los sondeos que demuestran que en Tebeto "todo es humo".

En opinión de la dirigente del PSC, el Ejecutivo regional "esos sondeos tienen una base suficiente como para no pagar y, por tanto, para utilizar todas las acciones que haya en el ordenamiento jurídico, lo que le corresponde al Gobierno", al que recomendó que utilice para ello los servicios jurídicos que tiene a su servicio y, si es preciso, y "sin dedicar mucho dinero, que pida contraste a un consulting jurídico paralelo", al igual que hizo cuando encargó los sondeos y estudios de valoración geominera en la montaña de Tebeto.

Luengo avanzó que el PSC insistirá al Ejecutivo regional para que "prosiga hacia delante en la defensa del interés general que tanto ha dicho que defiende" y para que "no pague esos millones de euros porque está en juego la sanidad, la educación y los servicios sociales" y agregó que, de no hacerlo, los socialistas corroborarán sus sospechas de que los recursos emprendidos hasta ahora "eran para lavarse la cara" y que en realidad "están mintiendo y quieren pagar".

Por su parte, el consejero regional de Presidencia y Justicia afirmó que "nadie ha hablado de momento" sobre la posibilidad de recurrir por la vía penal la sentencia del TSJC y reiteró que el Gobierno espera que se le de la razón en el recurso que ha interpuesto ante el Tribunal Supremo.

"La vía penal representa que alguien ha entendido que hay algún tipo de fraude y el Gobierno no ha planteado nada semejante, sino que ha discrepado del fondo de una sentencia y lo ha materializado mediante los correspondientes recursos. El más importante está en el Supremo y esperamos que nos de la razón en defensa de los intereses generales", refirió.

El consejero añadió que "la voluntad del Gobierno es la defensa de los intereses generales, tanto en el ámbito del Tribunal Supremo, en el recurso de casación, como en el TSJC, en la Sección Primera de la Sala de Las Palmas, donde estamos intentando que las diligencias de ejecución provisional que ha dictado el TSJC se adecúen a las posibilidades reales de la economía de la comunidad autónoma, en un momento de crisis conocido por todos los ciudadanos".