Ruano dice que el Gobierno no pagará por Tebeto mientras "podamos evitarlo"

Santa Cruz de Tenerife.-  El consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, tildó hoy de "injusta" la sentencia del TSJC que condena al Gobierno canario a indemnizar a Canteras Cabo Verde con 91 millones de euros, "pero no se pagará un euro mientras en términos jurídicos podamos evitarlo".

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(EFE)

El consejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, durante una de sus intervenciones en el debate parlamentario celebrado en Canarias para explicar la situación jurídica del llamado "caso Tebeto" que obliga al Ejecutivo a pagar una indemnización de más de 100 millones de euros.

Ruano, en una comparecencia parlamentaria sobre el resultado de los sondeos y estudios de valoración geominera en la montaña de Tebeto, en Fuerteventrua, a instancia del Gobierno, resaltó que el Ejecutivo regional seguirá defendiendo hasta el final que en Tebeto no existe derecho de explotación por parte de Canteras de Cabo Verde.

"En caso de que tuviera ese derecho, no en la cuantía (91 millones de euros más los intereses) que asegura la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias", subrayó.

"Vamos a extremar en todo caso la defensa de los intereses generales hasta agotar todos los recursos", insistió José Miguel Ruano.

El consejero dio a conocer a los diputados los informes técnicos recabados por el Gobierno regional en torno al valor de la explotación de los recursos minerales.

"Según los informes geológicos, no hay mina, no hay piedra ornamental, no existe bloque natural para ser explotada y no se pueden lograr bloques enteros", señaló Ruano.

Sobre las valoraciones plasmadas en el informe geológico aportado por el Gobierno canario, Ruano dijo que podía oscilar entre 800.000 euros y 1,2 millones de euros.

El Gobierno "sigue defendiendo que no existe un derecho de explotación sobre lo que haya en Tebeto, solo existe expectativa y lo fundamentamos en el recurso de casación que hemos presentado ante el Tribunal Supremo", aseguró Ruano.

El consejero señaló además que la valoración presentada por parte de Canteras Cabo Verde es sobre una explotación próxima, en la montaña de Tindaya, y discrepó con el TSJC por decidir la ejecución provisional de la sentencia, "algo que no es frecuente".

"Ante la decisión de ejecutar provisionalmente la sentencia, hemos presentado un recurso de súplica que fue desestimado", afirmó José Miguel Ruano.

El consejero aseveró que "el Gobierno canario ha pedido un aval a Canteras Cabo Verde ante la eventualidad de que nos de la razón el Supremo".

Santiago Pérez, portavoz del grupo Socialista, indicó que el Gobierno canario ha exhibido un documento con el que ha anunciado a la opinión pública que los recursos minerales de Tebeto valen muy poco o nada.

"La sentencia del TSJC dice que el informe pericial aportado por Bittini en 2005 para sustentar la cuantía de indemnización fue admitido por el instructor de expediente administrativo sin poner el menor obstáculo", señaló.

La Comunidad Autónoma "no presentó ningún documento para contrarrestar el informe presentado por Bittini, por lo que no se ha podido alegar indefensión en la casación ante el Supremo porque cuando tuvo que plantearla no se presentó", aseveró Santiago Pérez.

Miguel Cabrera Pérez-Camacho, portavoz del grupo Popular, dijo que PSOE intenta reescribir la historia de Tebeto.

"Tebeto es un hijo no reconocido del PSOE, no es putativo, es no reconocido, y sin embargo el parto de Tebeto tuvo lugar en enero del 1993, donde todo se hacía del revés, y los médicos y comadrones en ese parto tienen nombre y apellidos", aseguró el diputado Popular.

"Ni a mi ni a mi grupo les gusta la sentencia de Tebeto porque consideramos un disparate la cuantificación del daño y tengo confianza de que el Supremo case esa sentencia en sus justos términos", agregó.

José Miguel Barragán, de CC, recordó que "el PSOE había hablado de connivencia entre un magistrado de la sala del TSJC y el señor Bittini pero estas cosas se deben de decir aquí, en el Parlamento, para mejor defender los intereses de la Comunidad Autónoma en el recurso de casación presentado ante el Supremo".