Bruselas.- El Gobierno español es consciente de que la venta de Opel a Magna tendrá "algún tipo de efecto" en el empleo, pero quiere que la Comisión Europea garantice que las decisiones empresariales no estarán condicionadas por las ayudas ofrecidas por los distintos gobiernos a la compañía.
Ésta es la posición que el secretario de Estado para la Unión Europea (UE), Diego López Garrido, transmitió al comisario de Industria, el alemán Günter Verheugen, en una entrevista mantenida anoche.
En unas declaraciones a los periodistas a su llegada a una reunión de ministros responsables de Industria, López Garrido subrayó hoy que España exigirá a la Comisión "que aplique la legalidad comunitaria" y que "no haya ningún tipo de ayuda de Estado o decisión de gobiernos que condicionen la decisión empresarial".
El grupo austríaco-canadiense, probable comprador de la filial europea de General Motors, ha adelantado que prevé recortar alrededor de 11.000 empleos en las distintas factorías que Opel tiene en Europa, de los que 1.672 serían en la fábrica zaragozana de Figueruelas.
Sin embargo, el diario alemán "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) reveló esta semana que la reducción de empleos en Figueruelas ascendería a 2.090.
A este respecto, el comisario Verheugen explicó a López Garrido que la operación de rescate de Opel tendrá "algún tipo de efecto" en el empleo a nivel europeo, pero se comprometió a vigilar que "no haya influencia política que condicione las decisiones empresariales", indicó el español.
El secretario de Estado insistió en que la solución a los problemas de Opel debe ser "una solución estrictamente económica" y recordó que a las instituciones europeas les corresponde actuar en defensa de la competencia y la competitividad.
Reconoció que cada país afectado por la crisis de Opel, incluido España, "está pensando lógicamente en sus intereses nacionales", pero dejó claro que "en última instancia tiene que aplicarse la legalidad europea".
Recordó, en este contexto, que la normativa comunitaria establece "claramente" que "no caben ayudas de Estado que condicionen decisiones económicas o empresariales", un enfoque que, aseguró, comparte la Comisión Europea.
El ejecutivo de la UE advirtió ayer de que "no aceptará" que la aportación financiera de cada país al plan de rescate de Opel se refleje en el número de despidos que se produzcan en la operación de venta a Magna e insistió en que las empresas deben tener "total libertad" para desarrollar su actividad económica.
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