Madrid.- La Audiencia Provincial de Madrid declaró hoy visto para sentencia el juicio contra "los Albertos", sus abogados y otros tres acusados por la presunta falsificación de una carta que utilizaron los dos primos para intentar que el Tribunal Supremo revisara la sentencia del caso Urbanor.
Ante el tribunal de la Sección Séptima que ha juzgado el caso, presidido por Ángela Acevedo, Alberto Cortina, Alberto Alcocer y su abogado Ramón Hermosilla declinaron ejercer su derecho a la última palabra.
En cambio, el ex fiscal de la Audiencia Nacional y también abogado de "los Albertos", Ignacio Peláez, insistió en que durante el tiempo que ha representado a los dos primos no ha conocido "algo delictivo, ni ilícito ni irregular", lo mismo que en relación a Hermosilla, cuya conducta calificó de "intachable".
Como hizo durante su declaración como acusado, Peláez señaló que no admitirá que algunas acusaciones particulares digan que ha traicionado a sus clientes porque "he preferido seguir en el banquillo con todos los perjuicios que me sigue produciendo".
Por su parte, la documentalista Gloria Álvarez insistió en que "todo lo que he hecho ha sido en el libre ejercicio de mi profesión y en el deber constitucional de colaborar con las autoridades", mientras que Javier Arnaiz declaró que la actuación suya y de su hermano en el proceso sólo ha servido "para llevarnos los golpes".
También afirmó que después de firmar el contrato con "los Albertos" para la búsqueda de pruebas exculpatorias se sintió "como mosca atrapada en una tela de araña".
El caso se remonta al marzo de 2003 cuando, después de que el Supremo condenara a los dos primos por el caso Urbanor, firmaron un contrato con los hermanos José María y Javier Arnaiz para la búsqueda de pruebas exculpatorias a cambio de 4,9 millones de euros.
Pocos días después de la firma de ese contrato, el 9 de abril de 2003, Gloria Álvarez, amiga de uno de los Arnaiz, presentó una denuncia ante la Fiscalía con una copia de la carta, que supuestamente había recibido de forma anónima en el buzón de su oficina.
En esa misiva, fechada el 2 de octubre de 2000, el socio minoritario de "los Albertos" en Urbanor Pedro Sentieri admitía supuestamente que tanto él como el constructor Julio SanMartín conocían la existencia de dos precios para la compra de terrenos de la sociedad Urbanor, lo que implicaba un delito de falso testimonio al ser lo contrario a lo que afirmaron ante los tribunales.
Tras las pruebas periciales que apuntaban que la firma de la carta era auténtica pero que el texto había sido escrito en un momento diferente, con una impresora diferente, el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid sobreseyó las actuaciones contra Sentieri y SanMartín e incoó diligencias contra "los Albertos", los Arnaiz y Gloria Álvarez.
El fiscal sólo acusa a estos tres últimos, mientras que la acusación de SanMartín se dirige también contra "los Albertos" y las acusaciones particulares de Sentieri y sus socios, también contra sus abogados.
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