Los Albertos exigen su absolución por ser víctimas de un intento de estafa

Madrid.-  Los abogados de "los Albertos" sostuvieron hoy que estos empresarios deben ser absueltos porque habrían sido objeto de un intento de estafa si se considerara falsa la carta que utilizaron para intentar que el Supremo revisara su condena en el caso Urbanor.

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(EFE)

Alberto Alcocer, a su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid. EFE/Archivo

Durante la última sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid, el letrado de Alberto Alcocer, Víctor Moreno, remarcó que los dos primos han sido sometidos a un "verdadero calvario judicial" por el caso Urbanor, que se ha prolongado con el caso de la presunta carta falsa, en donde "en modo alguno han participado en su descubrimiento, elaboración ni presentación a la Fiscalía", "ni han inducido a nadie" a ello.

"Los Albertos", acusados por los socios minoritarios de Urbanor, entre otros, de los delitos de falsificación de documento privado, denuncia falsa e intento de estafa procesal, mantuvieron que firmaron un contrato con los hermanos Arnaiz para la búsqueda de pruebas exculpatorias siguiendo instrucciones de su abogado Ramón Hermosilla, también acusado.

Igualmente, rechazaron que hubieran cometido estafa procesal porque fueron sus letrados quienes "con total autonomía" aconsejaron y decidieron promover que el Supremo revisara la sentencia condenatoria del caso Urbanor, basándose en elementos nuevos como la carta, cuya falsificación "no se podía apreciar a simple vista".

"No hay ningún engaño en lo que se aporta" a la sala del Supremo. "En cualquier caso, Alcocer no ideó la estrategia procesal ni estableció el contenido que debía tener la solicitud de autorización", sostuvo Moreno, que defendió que tampoco puede haber delito de estafa procesal por no haber desplazamiento patrimonial.

El letrado de Cortina, Juan Casanueva, también hizo hincapié en que los abogados de "los Albertos" Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, acusados también en el proceso, "actuaron con total libertad de criterio porque ningún letrado en su sano juicio actuaría a sabiendas de que sus actuaciones son ilegales".

"Si la sala estima que existen motivos para considerar que la carta no es auténtica, es evidente que tanto Alberto Cortina como Alberto Alcocer han sido objeto de un intento de estafa" por parte de los hermanos Arnaiz, concluyó Casanueva, que añadió que la postura adoptada por el Ministerio Público, que sólo acusa a los Arnaiz y a la documentalista Gloria Álvarez "demuestra que su actuación ha sido conforme a derecho".

Para los abogados de "los Albertos", durante el juicio no se ha aportado "prueba ninguna, ni directa ni indiciaria, de la trama, del concierto, de la confabulación de los acusados", porque "sencillamente nunca existió".

Casanueva sostuvo que las pruebas practicadas durante la vista han "reventado la burbuja" creada por las acusaciones particulares, que han basado sus acusaciones en "conjeturas" y "confabulaciones".

Ambos letrados pidieron que se condene en costas a las acusaciones particulares "por su evidente mala fe" en el proceso.

Respecto a la falsedad de la carta, a juicio de Casanueva "no ha quedado demostrada más allá de toda duda razonable", dado que ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional han podido determinar si la firma atribuida al socio minoritario de Urbanor Pedro Sentieri "es anterior o posterior al contenido de la carta".

En esa misiva, fechada en octubre de 2000, Sentieri y Julio San Martín admitían supuestamente que conocían la existencia de dos precios para la compra de terrenos de la sociedad Urbanor, lo que implicaba un delito de falso testimonio al ser lo contrario a lo que afirmaron ante los tribunales.

Los abogados de "los Albertos" insistieron en que no pudieron haber inducido a su falsificación ya que no hubieran cometido, por ejemplo, el error de poner en Pamplona la dirección del constructor San Martín, ya que vivían en el mismo edificio que él en Madrid.

También argumentaron que el contenido de dicha carta "en modo alguno podía extrañar a Cortina y Alcocer", que han mantenido siempre que los acusadores conocían la existencia de dos precios en el caso Urbanor, "la aparición de un documento que sostuviera cierta circunstancia".