Los afectados en España por el fraude de Lehman Brothers superan el millar

Madrid.-  Un año después de la quiebra del banco de inversión neoyorquino Lehamn Brothers, las asociaciones de usuarios bancarios y diferentes bufetes de abogados calculan que los afectados en España por el fraude cometido en la venta de productos vinculados a la entidad podría superar el millar.

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(EFE)

Decenas de inversores españoles afectados por la quiebra de Lehman Brothers durante una manifestación en febrero pasado en Madrid para denunciar la falta de soluciones verdaderas por parte de los bancos españoles que comercializaron los productos. EFE/Archivo

Según los datos facilitados por diferentes asociaciones de usuarios bancarios y bufetes de abogados a Efe, el total de demandas interpuestas a las entidades financieras nacionales e internacionales, entre individuales y colectivas, superaría las 80, más otras 400 reclamaciones extrajudiciales que serán registradas por la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros (Ausbanc).

Por su parte, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) confirmó a Efe que ha presentado demandas contra quince entidades bancarias por el caso Lehman Brothers.

De esas diligencias, once se han admitido ya a trámite, y las otras cuatro restantes están a la espera del pronunciamiento de los jueces.

En estas demandas, Adicae ejerce la defensa legal en nombre de 500 afectados que invirtieron cantidades medias que oscilaban entre los 30.000 y los 40.000 euros. En total, la plataforma de afectados por Lehman de Adicae suma 800 personas.

Otra de las asociaciones que ha ofrecido asesoramiento a los inversores afectados por la quiebra de Lehman Brothers, Ausbanc, explicó también en declaraciones a Efe que sus servicios jurídicos han presentado hasta la fecha 48 demandas individuales en los Juzgados de distintas localidades españolas y preparan una acción colectiva contra Citibank España.

Las mismas fuentes añadieron que en este momento se encuentran en curso más de 400 reclamaciones extrajudiciales contra distintas entidades, un número que se incrementa cada día.

El despacho de abogados Jausas, por su parte, explicó que las primeras demandas interpuestas por este caso fueron dirigidas a la banca internacional, aunque recientemente también se ha empezado a demandar a la banca nacional.

En abril de 2009 demandaron a Citibank España en nombre de 122 clientes, por un importe superior a 3 millones de euros; en junio, a Bankinter, en nombre de 79 clientes (más de 10 millones). Ambas demandas ya han sido admitidas a trámite, aseguraron.

Ya en julio se interpuso otra demanda contra Deutsche Bank, en nombre de 34 clientes (casi 3 millones), así como contra Banif, filial del Santander, en nombre de 36 clientes (3,5 millones euros).

Sin embargo, esta última demanda, la de Banif, se refiere sólo a productos financieros no garantizados y acciones preferentes, explica el despacho, que añade que todavía están negociando acerca de productos financieros garantizados y casi garantizados.

Durante este mes y tras las últimas negociaciones llevadas a cabo, el despacho prevé demandar a Banif en nombre de 24 clientes (casi 4,5 millones), así como otras reclamaciones en nombre de grupos reducidos de inversores contra Bankpime, Banco Sabadell y Fibanc (6 millones).

En total, las demandas interpuestas contra las entidades superan los 32 millones de euros.

Las mismas fuentes aseguraron que en total este bufete de abogados representa a 300 afectados aproximadamente y que las demandas interpuestas contra las entidades se resolverán previsiblemente a principios de año.

Según señalaron, el común denominador de las demandas son las malas praxis bancarias, consistentes en que algunas entidades, sirviéndose de la confianza de sus clientes en que estaban recibiendo un asesoramiento personalizado, se dedicaron a comercializar de forma agresiva productos financieros complejos y de alto riesgo a clientes minoristas.

No obstante, las entidades se defienden y aseguran que fueron transparentes y que al actuar como intermediarias no eran ellas las que debían garantizar las inversiones y que en ningún caso han incumplido la ley.

En cualquier caso, las actuaciones de cada entidad han sido dispares, ya que mientras el Grupo Santander optó por ofrecer alternativas a todos su clientes y cargar con las posibles pérdidas, las demás se han ceñido a ofrecer apoyo judicial.